Hay casos en que los falsos reclamantes de tierras van ganando y los dueños legítimos, perdiendo.

Me llenó de esperanzas la noticia, divulgada hace pocos días, según la cual el Gobierno había recuperado más de 280.000 hectáreas en poder de las Farc, en la Macarena y los llanos del Yarí, zonas de histórica influencia de ese grupo armado. Era un mensaje en la dirección correcta: si por la vía de la justicia transicional los principales responsables de los crímenes de las Farc pagarían penas muy bajas, y no necesariamente en una cárcel, todo ello en aras del desmonte de su máquina de guerra, ese nivel de impunidad no se extendería a las propiedades tomadas por sus jefes a sangre y fuego.

Menuda decepción me llevé al leer la carta que Alejandro Reyes Posada, asesor agrario del Gobierno en la mesa de La Habana, le envío al presidente Juan Manuel Santos. Reyes sostiene que esas tierras son, en su mayoría, baldíos ocupados durante décadas por colonos sometidos por las Farc a su dominio territorial. Reyes advierte que, desde el punto de vista legal, la anunciada recuperación es casi imposible, y que tendrá efectos negativos en la mesa, “pues –lo cito– les dice a las Farc que el Estado no respetará derechos de tenencia de los campesinos en sus áreas de influencia, en contravía de lo pactado en el acuerdo agrario, que obliga a formalizarlos, adjudicarlos, restituirlos y distribuirlos”.

Reyes es de izquierda y habrá quien diga que ese sesgo influye en su juicio. Pero se trata de un reconocido experto en estos temas y como tal pone el dedo en la llaga de las enormes dificultades que atraviesa la restitución. En zonas de alta influencia fariana, será casi imposible distinguir entre tierras de las Farc y tierras de campesinos sometidos por ese grupo. Como es obvio, ‘Jojoy’ nunca fue a una notaría a registrar una hacienda. Y separar a testaferros de las Farc de las verdaderas víctimas resultará casi imposible. Las posibilidades de cometer injusticias son enormes.

De hecho, eso mismo viene sucediendo en varias zonas del país. La ley que tantas esperanzas despertó se está prestando para que, con la anuencia de cierto voluntarismo ingenuo de la Unidad de Restitución de Tierras, de forma paralela a justísimos casos de reclamantes legítimos a quienes los paramilitares despojaron a las malas, avancen procesos de falsas víctimas que vendieron su tierra de manera voluntaria y a los precios comerciales de entonces.

Conozco casos de supuestos desplazados que nunca lo fueron, y la prueba es que vendieron unas tierras y casi al tiempo compraron otras en la misma zona, lo que demuestra que no los asustaba estar ahí. Esos reclamantes se apoyan en carteles de abogados y algunos jueces que empiezan a reproducir el perverso esquema que saqueó a Foncolpuertos hace dos décadas, por medio del cual el juez les marcha a estos casos indebidos porque lleva una tajada del botín. Estos procesos caminan, por eso mismo, más rápido que los de los legítimos reclamantes.

Recorro el país dando conferencias y he escuchado varias denuncias similares de mis auditorios, que me confirman la enorme complejidad de un proceso que, cuando el Gobierno y el Congreso sacaron adelante la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, nos dijeron que sería ágil y transparente. La verdad es otra: según las cifras más optimistas, dos años después de que las normas entrasen en pleno vigor, van 80.000 hectáreas restituidas de un cálculo global de despojo de más de 4 millones de hectáreas.

A este paso, ¡harán falta 100 años! Urge que el Gobierno deje de cantar victoria antes de tiempo, obligue a la Unidad de Restitución a actuar contra los falsos reclamantes y evalúe por qué, en los casos legítimos, este programa avanza a paso de tortuga. De lo contrario, la esperanzadora política de restitución de tierras se convertirá en otra enorme frustración para el país.