Queda claro que el Gobierno no sabe cómo va a gestionar los eventuales acuerdos de paz con las Farc, ni cómo va a someterlos a refrendación popular. Y esto ya debería estar definido.
Al galimatías en que han incurrido el presidente de la República y su ministro del Interior al hablar de “congresitos” o de células legislativas especiales para desarrollar los eventuales acuerdos de paz con las Farc, se le introdujo ayer un elemento nuevo, profundamente inquietante, que puede formalizar la paulatina variación de las promesas que el jefe de Estado ha hecho en repetidas ocasiones, según las cuales los colombianos seríamos quienes refrendaríamos en las urnas los acuerdos de paz firmados en La Habana.
Hay una confusión en el desarrollo de las propuestas lanzadas por el presidente en estos días, y es que hace que se crucen dos asuntos paralelos. Una cosa es la refrendación que los colombianos haríamos de los acuerdos, asunto que está contemplado en el punto 6 de la agenda establecida en el “Acuerdo general para la terminación del conflicto armado suscrito entre el Gobierno y las Farc” el 26 de agosto de 2012. Y otra cosa es la implementación de los acuerdos, posterior a esa refrendación popular, que implicará la adopción de toda una serie de reformas constitucionales, legales e institucionales.
Teniendo entendidos ambos asuntos que, reiteramos, van paralelos pero con sus propias reglas, es que hay que dejar claro, o el presidente y el Gobierno deberían hacerlo, que la refrendación popular de los acuerdos sigue siendo un propósito firme, y que de allí en adelante se buscarán las mejores alternativas para adoptar los acuerdos y hacerlos compatibles con el ordenamiento jurídico no solo interno, sino también el internacional en materia de derechos humanos.
Ayer, en entrevista a RCN Radio, el presidente Juan Manuel Santos dijo lo siguiente: “Es importante que el pueblo colombiano tenga la oportunidad de decir si le gustan o no los acuerdos del proceso de paz, porque eso les da legitimidad. Vamos a ver qué tipo de mecanismo nos inventamos para hacer esa pregunta al pueblo colombiano”. Y agregó que “no tiene que ser un procedimiento con efectos legales, sino un procedimiento político”.
Al tomar posesión de su segundo mandato, el 7 de agosto de 2014, se había comprometido a lo siguiente: “Y no sobra recordarlo: serán los colombianos los que refrendarán el acuerdo final que allí se alcance”. Y aunque el presidente no quiera darle efectos jurídicos a la acción de “refrendar”, a nadie se le escapa que no es lo mismo “refrendar” que decir “me gusta”. Tienen similitudes pero las implicaciones para el país y sus habitantes son tan grandes, que lo que llegue a acordarse con la guerrilla no puede limitarse a una manifestación de “me gusta” o “no me gusta”.
Puede ser cierto lo que el presidente reclamó en la entrevista radial de ayer, en el sentido de que él nunca se ha comprometido con un referendo como mecanismo de aprobación popular a los acuerdos. Pero la expresión presidencial utilizada (“hay que ver qué tipo de mecanismo nos inventamos para hacer la pregunta al pueblo colombiano”) hace presagiar que pronto nos veremos cara a cara con anuncios de “creatividad jurídica” que cercenarán a los colombianos el derecho -no simplemente la opción- de definir la última palabra sobre los acuerdos con la guerrilla, en cuyos textos puede redefinirse, ni más ni menos, el tipo de pacto que sustenta institucionalmente nuestra democracia y nuestro Estado social de Derecho.
