La farsa del cierre de la frontera es una operación para proteger intereses electorales y mafiosos del Gobierno y de las bandas criminales. Entretanto, sufren los colombianos más humildes.

“Esto nos ha impactado”, dijo el vicepresidente de Venezuela Jorge Arreaza, al referirse a las supuestas pruebas del “paramilitarismo puro” en el estado del Táchira. Como se ha informado, encontraron dinero, armas, precursores químicos, explosivos y uniformes de paramilitares. Es probable que todas estos elementos estuvieran allí, pues para nadie es un secreto que la frontera ha estado gobernada por las mafias desde hace muchos años. Durante los últimos 10, al menos, en las ciudades mandan en secuencia las bandas criminales de turno, de las Águilas Negras a los Rastrojos, a los Urabeños; y en el campo la guerrilla, como pasa también del lado colombiano de la frontera.

Y como ocurre también del lado colombiano de la frontera, la fuerza pública está en manos de las mafias. El contrabando de gasolina inunda la región caribe colombiana, llega incluso hasta Bucaramanga y da para distribuir por todos los laboratorios de cocaína de la región. Una importante porción de la gasolina incluso es vendida a redes del Cartel de Sinaloa. Este negocio, que es más lucrativo que el tráfico de la misma cocaína, da para todos. Para la Policía y el Ejército colombianos, para la Policía y el Ejército venezolanos, y para los políticos.

Sin embargo, Venezuela tiene un ingrediente que no tiene Colombia: la poderosa mafia que es la Guardia Nacional, o ahora Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Esta institución es una de las bandas criminales más temibles de América Latina. Su imperio de contrabando opera bajo la protección del Estado venezolano y no hay poder en ese país que haya querido, antes, durante o después de Hugo Chávez, enfrentarse a ellos.

Mientras se publican los abusos de autoridad que han realizado los miembros de la Guardia Nacional contra ciudadanos colombianos (abusos que por demás son una larga tradición de la Guardia Nacional), el gobierno de Venezuela insiste en que está luchando contra el paramilitarismo.

Si bien en algún momento el gobierno de Venezuela pudo haber estado amenazado por las estructuras paramilitares colombianas, lo que hoy en día opera en Venezuela no es el paramilitarismo de ultraderecha, liderado por comandantes como “Salvatore Mancuso” y “El Iguano”. Las mafias que operan en el Táchira no ven en Nicolás Maduro a un opositor político, ni en la influencia chavista una amenaza ideológica. Estos detalles no les podrían importar menos. El supuesto paramilitarismo es una disculpa que sólo se creen quienes se quedaron en la década pasada.

Es más probable, en cambio, que la lucha contra esas bandas criminales que Maduro llama paramilitares, sea una lucha para proteger a las bandas que están aliadas a los funcionarios del chavismo y a la GNB. Que estemos presenciando una reorganización de estructuras criminales, bajo el manto de la GNB y el gobierno venezolano. Es una teoría que está cobrando fuerza. Puede que este sea un elemento en el operativo de “seguridad” y el cierre de la frontera.

Ese elemento no es incompatible con el segundo: el oportunismo político en la antesala a las elecciones del 6 de diciembre, para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro podrá argumentar que los inmigrantes ilegales colombianos sacan provecho del gobierno venezolano para recibir beneficios, sin embargo, muchos de estos ilegales han sido históricamente legalizados por el chavismo para comprar votos durante las elecciones. Quizá la situación hoy está tan grave que temen no poder repetir el mismo fraude de elecciones pasadas. Por eso ha declarado el “Estado de Excepción”.

El “Estado de Excepción” que de Nicolás Maduro y su Asamblea Nacional, se venía fraguando desde hace meses entre los círculos militares y políticos de Venezuela. Comentaristas venezolanos habían advertido que desde la rectoría de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, por ejemplo, se hacían evaluaciones de escenarios para decretar un “Estado de Excepción”.

Con un “Estado de Excepción” en Táchira, que tradicionalmente ha sido bastión político de la oposición, Maduro asegura que no se realicen elecciones. El “Estado de Excepción” regirá por 60 días, pero se puede renovar indefinidamente si así lo quiere la Asamblea Nacional, que es oficialista. Maduro no tiene sino que dar la orden y Diosdado Cabello la hace cumplir.

También se ha dicho que esta situación es un experimento para aplicar la misma estrategia en otros estados donde la oposición es más fuerte, como Zulia, o la ciudad de Caracas. Con estos mini golpes de estado, el presidente acomoda las elecciones a su antojo, como siempre.

Dice Nicolás Maduro que “el objetivo es restablecer el orden, la paz y la justicia”, y para ello declara estados de excepción espurios, cierres de frontera arbitrarios que perjudican tanto a su propio pueblo como al colombiano, y desata una ola de abusos de autoridad. Si lo que quiere restablecer Maduro es el orden, la paz y la justicia, quizá sería más sensato comenzar por entregar a la justicia a los cabecillas del Cartel de los Soles, que ocupan altos cargos en el Estado venezolano, por renunciar a la presidencia de su país, y finalmente por entregarse él mismo a las autoridades judiciales, o a lo poco que queda de ellas.