En Colombia se vive un ambiente malsano: la sal que representa la justicia, la que, supuestamente jamás se corrompe, la que debe mantenerse íntegra para guardar la sanidad, dignidad e imparcialidad de los procesos, se ha corrompido ¡Y de qué manera!

Los juicios amañados, manipulados y plenos de falsedades están ocurriendo por todo el país a niveles desconcertantes.

La persecución política a aquellos que han enfrentado a las Farc, y a otros grupos igual de terroristas y mafiosos, es cada vez más constante y certera. La imparcialidad parece haber desaparecido y algunos jueces juzgan con sus preferencias políticas como biblia.

Yo me atrevo a decir que los amigos de las Farc, infiltrados de tiempo atrás en cortes y juzgados, son hoy quienes controlan en gran parte la justicia, inclusive a los niveles más altos.

Cada día es más notoria la persecución contra aquellos que formaron parte del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Exceptuando contra quien fuera su ministro de Defensa, el hoy presidente Santos, quien impávido ve cómo sus compañeros de mesa de gobierno, sus amigos, (hoy examigos), sus colaboradores y subalternos, son sometidos a enconada persecución por las acusaciones más absurdas y luego son apresados antes de ser sentenciados para luego recibir aterradoras condenas como si fueran los criminales más atroces.

Lo mismo está ocurriendo con militares, desde generales hasta soldados, que han servido a la Patria con valentía y han enfrentado por décadas la agresión de los grupos narcoterroristas. De sus filas han sido los muertos, los inválidos y los secuestrados, sin embargo hoy son juzgados como los peores criminales (algo por lo que jamás serán juzgadas las Farc) teniendo en cuenta testimonios y pruebas a todas luces falsas o amañadas.

Es doloroso ver cómo tuvo que luchar por probar su inocencia el almirante Arango Bacci y lo ocurrido, entre otros muchos casos, con el general Plazas Vega, quien hoy sirve una condena verdaderamente exorbitante, luego de un juicio contaminado con toda clase de irregularidades. El juicio y la condena de este general serán para siempre una inmensa mancha en la ejecución de la ley colombiana.

Nuestras cárceles se están llenando de presos políticos, al estilo de Cuba o Venezuela. Así comienza el fin de la democracia. La sociedad es culpable por su silencio.

Por eso la carta firmada por el expresidente de Ecopetrol y dieciocho exministros del gobierno del expresidente Uribe, entre ellos personas como Carolina Barco y Martha Lucía Ramírez, todos ellos hombres y mujeres de gran probidad, que merecen ser oídos y respetados, tiene un incalculable valor.

Ellos demandan enérgicamente: “una justicia imparcial al devenir político (…) que brinde garantías”. No piden tratos preferenciales para aquellos que trabajaron en el gobierno de Uribe, pero exigen que no haya persecución política en la justicia.

Lo más doloroso va a ser ver a los criminales de las Farc pavoneándose por el país sin haber servido ni un día de cárcel, mientras soldados y hombres que solo deseaban servir a Colombia se pudren en las cárceles.

Y mientras la justicia está a todas luces en crisis, las diferentes cortes de la Nación enfrentan intrigas, escándalos y corrupción interna. ¡La sal se ha corrompido!.