El escándalo de la alimentación escolar muestra que la mermelada sólo nutre a los políticos.

Fue buena la reacción de la ministra de Educación, Gina Parody, ante el escándalo de la mala calidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Bolívar y Atlántico, al proceder a la terminación de los contratos con las firmas proveedoras. Pero surgen preguntas sobre las causas de tan indignante situación que afecta a decenas de miles de niños, si el Ministerio habría podido prevenir lo ocurrido y qué va a hacer frente a similares situaciones denunciadas en una docena de departamentos del país.

El caso del Atlántico es ilustrativo. Cuando el Ministerio asignó los recursos para el PAE, la Gobernación los consideró insuficientes y advirtió que, con esos fondos limitados, la comida solo podía ser de mala calidad. De ese modo, el Ministerio –y no la Gobernación– asumió la contratación y esta recayó, a fines del año pasado, en una de las firmas cuestionadas: Alimentar Unión Temporal.

Según los hallazgos de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, Alimentar hace parte del puñado de empresas, fundaciones y ONG que se reparten estos contratos por todo el país. Según el diagnóstico de la Contraloría, en numerosos casos las licitaciones del PAE están direccionadas. “Tienen nombre propio, hay únicos oferentes y no hay posibilidad de que haya competencia”, declaró el contralor Edgardo Maya el 11 de agosto. Hacia allá apuntan la detallada investigación de El Heraldo, de Barranquilla, sobre estos casos y un informe de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO del domingo pasado.

El Contralor dijo que el PAE “está en el caos” y le pidió a la Ministra un control efectivo de los contratos que valen al año la nada despreciable suma de 1,2 billones de pesos. Sería bueno que el Ministerio aprendiera de la experiencia ganada por el Bienestar Familiar, entidad que ha lidiado problemas similares y los afronta desde hace meses con vigilancia presencial de sus altos funcionarios, visitas sorpresa, auditorías directas a la calidad de los alimentos y –muy importante– con un barrido de limpieza en la contratación.

Los cuestionamientos a estas firmas vienen de atrás y ya en el pasado hubo escándalos de mala calidad y otros incumplimientos. ¿Por qué, entonces, el mismo puñado de firmas se sigue ganando los contratos? “Porque suelen tener padrinos políticos influyentes ante el Gobierno, y esos padrinos, con cuotas en la contratación, las patrocinan, garantizan su inscripción en el registro de proponentes y les consiguen los contratos sin importar sus incumplimientos pasados”, me dijo un funcionario de la Contraloría que labora en las investigaciones.

Es la mermelada, así de claro. En esta columna he repetido que, si bien durante décadas los gobiernos entregaron cuotas burocráticas a los congresistas que los apoyaban, con el invento de la ‘mermelada’ en la primera administración de Juan Manuel Santos se produjo otra vuelta de tuerca en la captura del Estado a manos de las mafias politiqueras: la entrega ya no de puestos, sino de porciones significativas de la contratación. Eso es la ‘mermelada’, y no es un juego ni da para chistes de coctel en tono frívolo. Es una práctica con alcances criminales, como lo demuestra la entrega de comida de mala calidad a los niños más necesitados.

Un alto funcionario me contó que un senador de la Unidad Nacional le reclamó, hace meses, por un contrato departamental de alimentación para niños: “Ese contrato ha sido siempre mío y lo seguirá siendo”. Así funciona la ‘mermelada’. Con razón, la directora del Bienestar Familiar, Cristina Plazas, clamaba hace pocos días ante una comisión parlamentaria, para que los congresistas la escucharan, que “los dineros de la infancia no se tocan”. Ojalá le hagan caso. Porque de ‘mermelada’ pueden alimentarse –hasta hartarse– los políticos, pero no los niños.