Apareció otro proyecto de ley sobre el tema de la televisión. El síntoma más preocupante de la ecolalia legislativa es pretender mesiánicamente que una nueva ley resolverá todos los problemas que aquejan al sector.

Antes de que continúe la avalancha de artículos, parágrafos y derogatorias, sería conveniente que los legisladores conocieran la realidad de la industria audiovisual. Si lo hicieran, se enterarían de que está en fase de verificación de cumplimiento una sentencia del Consejo de Estado que hace tiempo les ordenó a las autoridades del sector expedir la regulación necesaria para promover la competencia y el bienestar de los usuarios. En lugar de más leyes, lo que se necesita es que los funcionarios competentes acaten con sindéresis el ordenamiento jurídico vigente.

El autor del nuevo proyecto es el representante liberal a la Cámara Diego Patiño Amariles, quien ignora por completo uno de los problemas más críticos del servicio de televisión: prácticamente no existen antenas para ver televisión abierta. Los colombianos dependemos de los operadores de cable y hay que pagarles para ver televisión gratuita, tanto pública como privada, pues en casi todos los hogares está bloqueado el acceso a los ductos que se requieren para verla libremente.

Lo que sí le preocupa al congresista es que “existe un mercado con cargas asimétricas que coloca en desventaja competitiva a los operadores formales de TV por suscripción”. Entonces, para solucionarles el problema a estos operadores el proyecto pretende expropiar los derechos de los radiodifusores y les ordena entregarle sus señales, tomando así partido en una disputa que actualmente está bajo el conocimiento de tribunales nacionales e internacionales.

Por lo demás, el proyecto deja intacto el deplorable modelo de gobernanza de la televisión y, al mejor estilo chavista, pretende regular la operación en Colombia de contenidos audiovisuales en internet (Netflix, por ejemplo) y empoderar a la autoridad de televisión para determinar a su antojo cuáles eventos solo pueden ser transmitidos por los operadores públicos. Populismo televisivo (el mismo “Fútbol para todos” de la señora Kirchner), el cual, además de ser irrealizable en la práctica, interfiere artificialmente la competencia, dilapida el patrimonio público y no protege en lo absoluto al talento ni a la industria nacional.