Bastan dos palabras

A la primera frase, hablando con alguien, ya se sabe de qué lado está.

Es momento de polarización extrema: o se está con la paz de Santos o se está con la guerra. Y no es que ese alguien esté propiamente con la guerra. Y así mismo será la refrendación, si llega a haberla. Vote sí o vote no y los acuerdos en paquete hermético.

Todo hay que aceptarlo por el bien supremo de la paz. Es por nuestros hijos, dicen, aun los que permanecen solteros. La Constitución, acabada de reformar para equilibrar los órganos del poder, se va a pique, como si se tratara de cualquier asunto coyuntural. Se habrá perdido el tiempo legislativo y su correspondiente costo. Peculado por ociosidad.

El Código Penal, luego de mil reformas en que se han acrecentado las penas, sin que se mejore la conducta social, queda vigente únicamente para los ciudadanos comunes, que no se han levantado en armas, que no han alegado reformas políticas, ni en su procura han secuestrado, asesinado, traficado y demás atrocidades anexas.

Estos cumplirán con un mínimo de restricción de libertad, no en pocilgas carcelarias, sino en poblaciones donde ya han sentado sus bases políticas y desde esas “cárceles” urbanas podrán articular el poder supremo, al cual someterán a la población general, más tarde o más tempano, esto es, a la dictadura del socialismo tipo 21, con su remedo de democracia.

Si usted llega a decirle a su interlocutor: “pero, mire, la Constitución sólo puede reformarse mediante…”, lo tildarán de legalista, de santanderista, “¿o es que quiere 50 años de guerra?”. A propósito del prócer Santander y del apego a las leyes, baste con recordar que fue fusilado, en su imaginación, por el tirano Maduro, a manos de Bolívar y por pedido de Manuelita Sáenz. Llegado el socialismo bolivariano a nuestro país, habría que borrar el nombre de Santander de dos departamentos, del parque de su nombre, así como de la plaza principal de Neiva y, por supuesto, de la inscripción que preside el ingreso al Palacio de Justicia de Bogotá.

Un país sin Congreso bicameral, sustituido por un congresito ad hoc, una justicia hecha jurisdicción especial, igualmente ad hoc, cesiones territoriales y pérdidas marítimas, será el legado del gobierno de Juan Manuel Santos.

Todas las promesas hechas acerca del proceso de paz, tanto por el presidente Santos como por Humberto De la Calle, su seguro sucesor, y por este último con la estridencia acostumbrada (“¡no seremos rehenes de este proceso!”) suenan a falsas con la entrega de instituciones, que se selló, manos entrelazadas, el pasado miércoles. Para emisoras y programadoras: un día histórico.

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Frente al cambio en la doctrina militar, la voz del general (r.) Harold Bedoya por la televisión el viernes pasado, sonó a ruido de sables.

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