No sé que es más grave y preocupante entre el proyecto de reforma constitucional de Santos “para garantizar los mecanismos idóneos que permitan el cumplimiento más rápido, más ágil de los acuerdos” con las Farc y el silencio sepulcral de la mayoría sobre esa bomba nuclear contra la democracia y las instituciones republicanas.

El proyecto de acto legislativo admite todos los calificativos: torpe, ignorante, vergonzoso, autoritario. Pero por encima de todo, constituye un ataque frontal y a la yugular contra la Constitución del 91, contra el Congreso de la República y contra el régimen democrático en Colombia. Desde el golpe de Estado de Rojas Pinilla y la toma del Palacio de Justicia por el M-19, nada ha significado tanto peligro para la democracia en nuestro país.

El proyecto tiene apenas dos artículos. En el primero, se crea una comisión en el Congreso compuesta por la suma de las comisiones primeras del Senado y de la Cámara y doce parlamentarios más escogidos por sus mesas directivas. Con esta composición, la Cámara de Representantes, que se supone es la cámara baja, adquiere más poder que el Senado, porque tiene muchos más parlamentarios. Además, se disuelve a la oposición, proporcionalmente más numerosa en el Senado que en la Cámara. Para los proyectos de ley, además del debate en esta comisión, habrá uno en el Congreso en pleno. Para los de reforma constitucional, uno en las plenarias de cada cámara. Es decir, el trámite de un proyecto de ley que hoy exige cuatro debates solo tendría dos y uno de reforma constitucional que exige ocho, en dos legislaturas distintas, solo tendría tres.

Al mismo tiempo, el proyecto establece que los parlamentarios no tendrán iniciativa para presentar proyectos de ley o de reforma constitucional y que se deben limitar a estudiar las propuestas del Gobierno. Adicionalmente, las modificaciones no pueden hacerse en las plenarias sino solo en la nueva comisión y únicamente si se “ajustan al contenido del Acuerdo Final [con las Farc] y con el aval previo del Gobierno Nacional”.

Es decir, el Ejecutivo tendrá poder de veto frente a los congresistas. Como si no bastara, los parlamentarios no podrán votar sobre cada uno de los artículos de los proyectos de ley o de reforma constitucional que les presente el Gobierno, sino que deben hacerlo “sobre la totalidad de cada proyecto en una sola votación”. O todo o nada. Y para rematar, las plenarias “solo podrán improbar los proyectos”. La redacción está hecha con las patas y significaría que las plenarias no pueden aprobar los proyectos. Pero lo que parece querer decir se entiende más adelante cuando agrega que “si no ha habido improbación por mayoría absoluta, se sancionarán o promulgarán los proyectos” aceptados en la nueva comisión. Es la inversión de toda la lógica democrática donde lo usual es que, en los proyectos de más importancia e impacto, se exija una mayoría absoluta para su aprobación. Acá es al revés: ¡se aprobarán por una minoría y solo podrán negarse por mayoría absoluta! A los parlamentarios se les cercenan todas sus facultades y se les limita a ser unos firmones avaladores de lo que se pacte en La Habana. Aquí no hay ejercicio legislativo o constituyente alguno, sino una mera pantomima dirigida a aprobar cualquier cosa que firmen en Cuba el Gobierno y los terroristas.

El otro artículo no es menos grave: es una ley habilitante que le da poder a Santos para expedir por 180 días todos los decretos con fuerza de ley (es decir, leyes en sentido material) que sean necesarios “para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final”.

El engendro, en resumen, castra al Congreso, establece un poder casi omnímodo para las minorías que estén de acuerdo con lo que aprueben el gobierno y de las Farc, y da a Santos poderes propios de una dictadura.

Si semejante monstruo es aprobado, anuncio que me niego a aceptar lo que de ahí salga y me declaro desde ya en resistencia cívica pasiva. ¡Y bienvenida será la cárcel si ello supone defender la verdadera democracia!.