Justicia: piden mucho, ejecutan poco

Justicia: piden mucho, ejecutan poco

Al mismo tiempo que salen a la luz pública nuevos contratos leoninos de la Fiscalía General de la Nación y en el Congreso se discute el presupuesto para la Rama, son evidentes los problemas de gerencia.

Hoy las comisiones económicas del Senado y la Cámara se reúnen para debatir uno de los temas más importantes: la ley de presupuesto para la vigencia fiscal de 2016. Es claro que el Gobierno en esta época de vacas flacas está tratando de apretar el cinturón, pero desde los diferentes ministerios y entidades reclaman mayor participación. Así ocurre con el presupuesto de la justicia, que ha venido creciendo de forma sostenida, pero los resultados son muy pobres.

Las prioridades en la Rama Judicial no son pocas, la descongestión es necesaria, el hacinamiento carcelario no da tregua, el país espera que la Fiscalía avance rápidamente y dé resultados en las investigaciones, en especial de hechos de corrupción y macrocriminalidad que concentran la atención del país. Para todas estas necesidades se pide presupuesto y aunque el Gobierno tiene que medirse a la hora de asignarlo, desde el Ministerio de Hacienda se han dado las partidas, en especial para la Fiscalía General de la Nación.

Contrario a esto, los resultados son muy pobres. El presupuesto de la Rama debe dividirse en gastos de funcionamiento que se refieren a la nómina, servicios y gastos fijos, estos costos obligatorios se han venido ejecutando. Pero en lo referente a inversión, que es lo que se dispone para cumplir con los nuevos retos de las entidades, la situación es preocupante.

Las cifras oficiales señalan que, con corte a julio 31 de este año, la ejecución en inversión en el sector justicia es la siguiente: el Ministerio de Justicia solo ha gastado cerca de $150.000 millones, de un presupuesto asignado de $758.000 millones, es decir, corrida más de la mitad del año, ha gastado menos del 20 %.

Mucho peor resulta el panorama de la Rama Judicial, lo que demuestra que el Consejo Superior de la Judicatura es uno de los peores ejecutores del Estado y les da la razón a quienes reclamaban, durante el trámite de la reforma de equilibrio de poderes, que la administración de la Rama quedara en manos de gerentes y no de jueces. Las cifras hablan por sí mismas: para la vigencia de 2015 les fueron asignados para inversión $303.511 millones y a julio han gastado $24.280 millones, solo el 8 % del presupuesto asignado.

No obstante, las principales críticas caen sobre la Fiscalía General de la Nación, que en materia presupuestal ha tenido todo a pedir de boca, los resultados no se han visto y son constantes los escándalos por la contratación de la entidad, al punto que se habla de una nómina paralela. Vale la pena recordar que el presidente Juan Manuel Santos obtuvo facultades extraordinarias para reformar la Fiscalía, lo que se hizo de acuerdo con las peticiones del fiscal Eduardo Montealegre, en el proyecto de una “Fiscalía para la paz”. Además, en 2015 la entidad recibió casi la mitad del presupuesto que suman todas las entidades de la Rama.

En materia de inversión también se rajan. De acuerdo con las cifras de gestión de la Presidencia, de $163.464 millones asignados para ese propósito, solo han ejecutado el 16,9 %, es decir, solo han usado $27.625 millones. No obstante, según lo han demostrado informes de El Espectador y otros medios de comunicación, la Fiscalía viene firmando contratos directos (ver tabla), algunos con personas de mucha reputación y trayectoria; otros catalogados de leoninos y hoy objeto de debate.

Por ejemplo, están los de la politóloga Natalia Springer, por un monto superior a $4.000 millones para ayudar con el procesamiento de datos en casos de crímenes internacionales cometidos por las Farc, el Eln y las bacrim. El periódico El Tiempo hizo públicos los de los “embajadores de la Fiscalía”, Ángela María de la Torre en Gran Bretaña, Faride Alexandra García en España, Mauricio Martínez Sánchez en Alemania y Viancy Delmita Ortiz en Estados Unidos: el costo de cada uno de estos embajadores es de cerca de $250 millones por seis meses.

Con este panorama tan poco halagüeño, los representantes de la Rama fueron citados hace un par de semanas a la Comisión Primera del Senado para que rindieran cuentas, explicaran los gastos y defendieran el presupuesto que reclaman para 2016, pero ni los magistrados ni el fiscal se acercaron al Congreso. La molestia fue evidente y la senadora Claudia López planteó negar cualquier tipo de aumento.

El Centro Democrático fue más allá y el senador Ernesto Macías le reclamó al fiscal Eduardo Montealegre un informe de los contratos de la entidad y presentará un proposición para hacer un debate de control político al que señalan está obligado por ley a asistir. Vale la pena recordar que desde el uribismo sostienen que son víctimas de una persecución judicial desde la Fiscalía.

Por ahora, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ya anunció $7,5 billones para la Rama Judicial, explicando que mientras el presupuesto de la Nación crece en cerca de 2,5 %, el de la justicia lo hace en 10 %, producto de las bonificaciones que reciben cerca de 30 mil empleados de la Rama más los 26 mil de la Fiscalía (que aumentó su planta de personal en 3.500 personas).

Claro está que las necesidades en materia de justicia saltan a la vista, pero también, de acuerdo con las cifras oficiales, el dinero asignado no se está invirtiendo bien. Además de la pésima ejecución de 2015, el año anterior fue similar, pues la Rama ejecutó el 71,8 % de los recursos de inversión. Es decir, dejaron de ejecutar casi el 30 % de los recursos asignados. En el caso de la Fiscalía fue 69,1 %. Cifra que contrasta con la totalidad de las entidades del Gobierno, que llegan a niveles del 92 %. La pregunta es: ¿para qué piden dinero si al final no lo usan?

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