Ley de minería, pero con justicia social

Ley de minería, pero con justicia social

Lo que pretende hacer el señor presidente con la nueva ley para combatir la minería ilegal es, desde todo punto de vista, comprensible, sin embargo, debe existir un equiparamiento entre los pequeños y medianos mineros con las multinacionales, que en los últimos años se han convertido en el látigo de miles y miles de familias que viven de la minería artesanal, son tratados en forma tan cruel e inhumana que por su culpa y voracidad son catalogados como depravados delincuentes medio ambientalistas.

Con el debido respeto, señor presidente, a su señoría que le encanta tanto hablar de justicia social, en este caso hay que guardar las justas proporciones con la normatividad que está próxima a surgir, según se tiene entendido, hay mucho de prevención y represión, pero nada de compromiso social para con los pequeños y medianos mineros.

Qué bueno que el señor presidente, antes de seguir adelante con su Estado represivo para colocar en marcha la locomotora minera al servicio de las multinacionales, se tomara la molestia de investigar dónde está el caldo de cultivo de toda la desgracia minera, que tiene sumidas a miles de familias bajo el terror de ser despojados de sus derechos ancestrales.

Considero que la ley contra la minería ilegal no debe ser eminentemente represiva, como se quiere proponer a través de la ley que se piensa tramitar en el Congreso de la República. Se hace indispensable una proyección de justas proporciones entre quienes vienen explotando yacimientos en forma artesanal, y las multinacionales que, con la complacencia del Estado, violan las más elementales normas del medio ambiente y, en los últimos años, se han convertido en amos y dueños de nuestros recursos mineros.

Es válida la preocupación del señor presidente sobre la explotación de la minería ilegal, pero también se está desbordando en prevenciones cuyos desafueros para combatirla, por el deterior del medio ambiente, no son propios de los mineros artesanales, pero sí de las multinacionales que, con ánimos de señores y dueños, se apoderan de grandes yacimientos generando todo tipo de problemática sociales con pérdida de miles de empleos.

Considero que tanta prevención no es del todo válida, puesto que, en últimas, se está impidiendo que pequeños y medianos mineros entren en la legalidad, que de lograrlo, serán generadores de empleo que tanto se necesita en dichas regiones. El Gobierno no puede perseguirlos como delincuentes puesto que sería una clara violación a los derechos fundamentales, especialmente al del libre desarrollo empresarial y al trabajo.

Lo que hay que hacer con la Ley minera que se pretende radicar para su trámite en el Congreso de la República, es elaborar un censo de cuáles son las minas que se están explotando a través de las multinacionales y adyacentemente buscar que todas ellas respeten el derecho de quienes vienen haciéndolo en forma artesanal desde hace varias décadas, esto con el fin que en conjunto se acojan a la nueva ley y se comprometan a explotarlas respetando todas las normas medio ambientales.

El querer tramitar una ley simple y llanamente para acorralar a miles y miles de pequeños y medianos mineros ancestrales, se cae desde todo punto de vista de la lógica y la razón; considero que si la ley para combatir la minería ilegal es eminentemente represiva y lesiona graves intereses sociales, puede ser demanda ante las altas cortas y quienes padezcan el rigor de la misma, hacerlo ante los tribunales internacionales.

Está muy bien que se reestructure la cadena productiva de la minería, incluyendo la figura de las alianzas estratégicas, esto con el fin de poner en orden su explotación en nuestro país, donde indudablemente se deben reconocer derechos a quinees desde décadas atrás vienen explotando yacimientos de diferente índole, pero siempre bajo el temor de ser sorprendidos por las autoridades e ir a las cárceles por explotar yacimientos que para muchos residentes son ancestrales y les han generado el derecho al trabajo.

Esperamos que el proyecto de ley próximo a ser radicado en el Congreso, por in iniciativa gubernamental sea lo suficientemente explícito en cuanto a los pequeños y medianos mineros, que son lo que han venido sufriendo todo tipo de atropellos al despojárseles de sus rudimentarias herramientas de trabajo, y ser tratados como verdaderos delincuentes.

El tratamiento que se les ha dado a pequeños y medianos microempresarios mineros que durante toda su vida han vivido y alimentado a sus familias con el producto de la pequeña explotación, no se compadece con la holganza y complacencia que desde hace algunos años viene dando el Estado a las poderosas multinacionales, que violando todas normas medios ambientales, son dueños de grandes extensiones de predios, bajo el escozor de humiles familias que viven en la más absoluta miseria, pero que con la complacencia del Estado se creen amos y señores del subsuelo de nuestra Patria.

Con el apoyo de diferentes medios de comunicación hemos logrado que el señor Presidente, entrara en razón y decidiera poner en orden la explotación minera de nuestro país, actividad que debido a su desorganización no ha sido posible poner en marcha la locomotora del desarrollo y explotación minera como debe ser.

Estamos absolutamente seguros que si empezamos a hablar un mismo lenguaje coherente con la situación actual de la minería en Colombia, podemos retornar a las regiones a miles y miles de pequeños y medianos mineros que ante las amenazas del gobierno por combatirlos tuvieron que abandonar su actividad de la cual han derivado su subsistencia durante toda su vida.

La legalización de la pequeña minería, además de elemental justicia, es un paso trascendental para regresar a sus bases a las miles de familias, tan duramente estigmatizadas por las mafias mineras que se creen amos y dueños de nuestro subsuelo, sobre este denigrante caso hemos escrito varias columnas pidiendo justicia para sus moradores, lo que finalmente parece hemos logrado.

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