La corrupción que hoy asalta a diversos organismos de la actividad pública y privada ha tenido su propia expresión en el sistema electoral colombiano. La historia confirma su reiterativa presencia a través del fraude comicial. Y esto disminuye cualquier democracia. Genera serias dudas sobre su transparencia y seriedad, con unas urnas manchadas de escamoteos y usurpaciones.

Revela el Ministerio del Interior que hay 800 mil denuncias por trasteo de votos. Una trashumancia que se la habrían querido los descendientes del bíblico judío errante. Esta insólita cifra de peregrinos con su cédula para vendérsela al mejor postor, cobija a 726 municipios del país. Es decir, a la mitad del total nacional. Un récord que debe ser registrado, para vergüenza nacional, en el libro de los récords Guinnes.

Pero aquí no expira esta estructura tramposa. Sigue su curso anormal. Se alienta con la impunidad. Deja al descubierto las llagas de una democracia atípica, irregular, sin transparencia y con muy poco sentido ético del deber ciudadano en cuanto a la pureza del voto.

Existen, dice la Misión de Observación Electoral, 438 poblaciones en riesgo de violencia. Con prácticas amenazantes se cohíbe a los electores de sufragar por sus candidatos preferidos para tener que hacerlo por los que señalen los violentos o, al final de cuentas, verse obligados a recogerse en sus casas para no salir a ejercer su libertad de elegir. Un buen número de candidatos en diversos municipios están amenazados de muerte. ¿Volvemos, acaso, a aquellas épocas del sectarismo que engendró la violencia partidista de hace más de medio siglo? Por supuesto que hoy los actores tienen mayor poder de intimidación, mayores recursos económicos para someter a las autoridades locales y más instrumentos sofisticados para accionar el fraude sin dejar huella que pueda constituirse en plena prueba para abrir procesos penales.

Antioquia, según el informe oficial, no está exenta para estas elecciones regionales, de tales desafueros.

Calculan que 50 municipios de los 125 que tiene el departamento están en riesgo de violencia electoral. ¿Qué transparencia, entonces, puede tener una jornada política bajo tales escaramuzas que constriñen la libertad del votante?

El rosario de irregularidades tiene más sartas de cuentas.

Aparecen 42.000 personas firmando planillas de apoyos a grupos, partidos y a candidatos, que en la depuración del censo electoral de la Registraduría figuran como muertos. ¿Quién los resucitó? Surgen pueblos en donde hay más inscripciones de cédulas que habitantes. Es la feria de la impudicia. Pero la desvergüenza ética continúa.

Cerca de 700 mil personas aparecen varias veces firmando planillas. Ni que estas fueran tareas escolares para aprender a escribir y leer. Además, 20 mil registros fueron presentados en fotocopias cuando la norma señala que estos deben ser firmados por puño y letra del titular. Un mercado inescrupuloso de compra/venta de votos, complementan el cuadro de esta democracia lisiada.

Estas oscuras costumbres parecen de tribus salvajes. Las denuncias exceden la capacidad de los organismos de control y de sanción penal. Ya es difícil meter en cintura tamaño aguacero de ilícitos e irregularidades.

Unas elecciones bajo estas circunstancias y con semejantes actores quedan cojas de legalidad y de legitimidad.