No hace falta crear un congresito pues con el parlamento pusilánime que hoy tenemos, ya bastante reducido anda el poder legislativo en Colombia.

El Congreso que se instaló el 20 de julio de 2014 ciertamente prometía. Su composición plural y esa fascinante combinación de figuras nuevas con históricos de la política, nos llenaba de esperanzas. Por fin la rama legislativa parecería robusta e independiente.

Sería injusto meter a todos los congresistas en el mismo paquete y decir que no hay nada bueno para rescatar del año y medio que ha transcurrido desde entonces hasta hoy, pero lo cierto es que al final las mayorías bobaliconas en Senado y Cámara nos han traído más de lo mismo en estos últimos meses.

De hecho, están ofreciéndole a la democracia cosas todavía peores –y más peligrosas– que las que dejaron como triste legado los congresos que les precedieron. Y es que nuestros honorables parlamentarios cada vez pintan menos frente a las otras dos ramas del poder público. Los debates económicos, por ejemplo, ya no los hacen en las comisiones tercera y cuarta sino en el despacho del ministro de Hacienda a puerta cerrada. Los debates de control político a los miembros de la cúpula judicial, se quedan siempre en veremos y cuando llega la hora de conformar las subcomisiones para hacer seguimiento a los contratos del fiscal, nadie se inscribe por físico miedo. ¿O en qué paró la amenaza de no aprobar el presupuesto de la rama judicial si los presidentes de las Cortes no daban explicaciones suficientes de dónde estaba yendo a parar la plata que año tras año reciben?

Pero lo más grave es que cada vez que pueden, y por iniciativa propia, los congresistas buscan la manera de entregarle facultades extraordinarias al Presidente de la República para que los suplante en sus funciones esenciales.

No hay que olvidar, por ejemplo, que los ponentes de la reforma de equilibrio de poderes lanzaron la idea de entregarle al Ejecutivo el poder nominador de los miembros del tribunal de aforados y en algunos debates uno que otro propuso que fuera el primer mandatario quien ternara a los tres candidatos para procurador y eligiera fiscal.

Ahora, y como si no tuviéramos ya un presidencialismo exacerbado en Colombia, los honorables parlamentarios están buscando a través del acto legislativo de la paz renunciar a su deber constitucional de discutir a fondo las reformas a la Carta Magna, darle poderes especiales al presidente para que tome decisiones unilaterales en temas verdaderamente sensibles y, encima de todo, permitirle al Jefe de Estado designar a dedo miembros externos al propio congreso para que hagan parte de la dichosa comisión especial legislativa que pretenden conformar para discutir las reformas que requiere la paz.

El Congreso de la República, sumiso y complaciente, se está cercenando a sí mismo con el pretexto de una paz que da para todo, hasta para hacer desaparecer el poder legislativo en Colombia. Han insistido tanto en otorgarle al presidente poderes especiales y en incorporar gente a su institución sin legitimidad y sin votos, que a estas alturas conviene preguntarse para qué sirve seguir manteniendo el Congreso si el escenario natural de las discusiones políticas cardinales sólo quiere más mermelada y menos responsabilidades.

Eso sí, todos cobran cumpliditos el cheque así no vayan a trabajar esta semana porque se irán a sus regiones a hacerle campaña a sus candidatos en cada comarca. No hace falta entonces crear un congresito pues con el parlamento pusilánime que hoy tenemos, ya bastante reducido anda el poder legislativo en Colombia.