Como las Farc no aceptan el Marco Jurídico para la Paz, los poderes públicos se apuran en reformar la Constitución para forzar un recorte del Estado de Derecho, ante un país indiferente.

Cuando los contactos con las Farc ya estaban activados por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, pero no habían anunciado formalmente el inicio de negociaciones, dos de las ramas del poder público (el Ejecutivo y el Legislativo) aprobaron el llamado Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo N° 2 de 2012). Este introdujo reformas a la Constitución, en materia de la llamada justicia transicional, para permitir mecanismos de facilitación de un proceso de paz.

Tan pronto se iniciaron los diálogos, en un acto en Oslo, Noruega (18 de octubre de 2012) el vocero de las Farc, alias ‘Iván Márquez’, dijo que el Marco Jurídico para la Paz no les era aplicable, pues no había sido concertado con ellas. Prueba de su desprecio por esa reforma legislativa la habían mostrado en su forma habitual de “hacer política”: el mismo día en que debía aprobarse la reforma, activaron una bomba para asesinar al exministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos. Mataron a dos de sus escoltas. Horas después del acto terrorista, el Senado aprobó la legislación especial para permitir, entre otras cosas, la reintegración de las Farc a la vida civil y les abría las puertas a su participación en política.

En abril de este año, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien ha dicho expresamente que él es el “fiscal de la paz”, propuso convocar un referendo para conceder al presidente de la República poderes extraordinarios para ejecutar y aplicar los acuerdos de paz con las Farc. Hubo gran controversia, que muy pronto pasó al olvido. Tan pasó al olvido, que tal concesión de poderes no se hará por referendo, sino por reforma aprobada por el Congreso, mediante Acto Legislativo que recorta de forma nunca antes vista las atribuciones del mismo poder legislativo y las de control constitucional de la Corte respectiva.

La reforma avanza en medio de pasmosa indiferencia nacional, ante una opinión pública que no ha caído en cuenta del grave precedente que se está sentando, al cercenar principios basilares del constitucionalismo y del Estado de Derecho.

El país sigue sin conocer, mes y medio después de su anuncio, los términos en que el Gobierno modificó la estructura vigente de la administración de justicia para lograr un acuerdo con las Farc, por el cual estas impusieron el juzgamiento de sectores de la sociedad a las que en virtud de esas cláusulas no públicas se les convierte en “participantes” del conflicto interno. No se sabe quién ni cómo van a escoger los jueces.

En estos momentos, una delegación parlamentaria está en La Habana intentando que las Farc acepten el recorte de los procedimientos constitucionales, aprobado por el Congreso en su exclusivo favor. Y que den su visto bueno para que sea el presidente de la República quien legisle, al solo dictado de su conciencia, para ejecutar lo que las mismas Farc hayan escrito en los acuerdos finales, donde todas sus condiciones han quedado debidamente plasmadas.

En tiempos de vigencia de los principios constitucionales quedaría la esperanza de un control judicial imparcial. Esperanza vana: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, ha notificado y reiterado al gobierno y a las Farc que “el Derecho no será nunca un obstáculo para la paz”. Como si la ausencia y desconocimiento de la juridicidad pudieran traer algo distinto al peor caos posible.