¿Cárcel a Uribe y Senado a Timochenko?

La falta de claridad del Gobierno sobre lo que se acordó con las Farc, en materia de justicia, está haciendo un daño inmenso.

Existe hoy una gran incertidumbre sobre lo que hizo Santos  y dudas acerca del alcance real de lo acordado.

De otro lado, se ha desatado una escalada verbal, por parte del Presidente, ciertos ministros y uno que otro senador lenguaraz e irresponsable, contra la oposición democrática, por cometer el pecado de expresar preocupaciones legítimas.

También es cierto que las interpretaciones que están dando algunos de los arquitectos del documento, aún oculto, en lugar de arrojar luces respecto de lo que contiene, lo que hace es contribuir a la confusión.

El Jefe de Estado tampoco se ayuda.

Después de semejante show, como el que hizo para anunciar la existencia del texto histórico, ahora lo que dice es que no sería responsable publicarlo porque no está completo.

¿Lo apropiado, entonces, fue el anuncio teatral? ¡Vaya… vaya!

Pero vamos a temas de mayor fondo.

Los diez puntos del comunicado de prensa permiten formular varias objeciones a la jurisdicción especial para la paz.

La primera de ellas es que no cumple con los estándares internacionales.

Una sanción restrictiva de la libertad en condiciones especiales, entendida como el cumplimiento de los trabajos que se impongan, para los culpables de los más graves crímenes, que acepten oportunamente la responsabilidad, sería inaceptable para la Corte Penal Internacional.

En estas condiciones, no podría descartarse que dicha Corte decida asumir su competencia subsidiaria a la luz de casos concretos.

En segundo lugar, desconoce el Protocolo II, adicional a los convenios de Ginebra del 49.

Es verdad que en él se contempla que “a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible”.

Pero, debe haber claridad en el sentido de que esa amplitud quedó ya limitada por el Estatuto de Roma, del cual se desprende que aquella medida no puede cobijar a los responsables de genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

Y, adicionalmente, el mismo Protocolo contiene normas de enjuiciamiento y sanción de las infracciones penales cometidas en relación con el conflicto armado, que no les importaron a los redactores de la nueva jurisdicción, hasta donde se sabe.

Asimismo, lo que se conoce, es violatorio de los principios del juez natural, debido proceso y juez imparcial.

Que no se diga ahora que con el propósito de poner fin al conflicto, que es el objetivo de las conversaciones, declarado por el Gobierno y las Farc, es indispensable llevarse de calle todo lo que la humanidad ha atesorado para darles garantías a los ciudadanos, con el cuento de la innovación.

Lo más reciente, innovador y claro, que ha recogido un amplio consenso universal, en materia de lucha contra la impunidad, es el Estatuto de Roma.

Y en él se consagran todos los principios y garantías que hoy los innovadores dicen que están mandados a recoger.

Claro que hay que ser imaginativo, como lo hemos sido tantas veces, pero la indefinición de la competencia temporal, material y personal, daría lugar a que el famoso tribunal se convirtiera en un nuevo estadio de la inquisición, para que en él se pretenda derrotar judicialmente al Estado, que las Farc no pudieron derrotar mediante el terrorismo.

Quiera Dios que todas estas inquietudes sean resueltas por los textos mágicos, contenidos en 75 puntos.

Pero, hasta que esas genialidades no se conozcan en su integridad, millones pensarán que lo que se busca es meter a la cárcel a Uribe y garantizarle una curul en el Senado a Timochenko.