La firma en La Habana el pasado 23 de septiembre del “Acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz” entre el presidente Santos y las Farc nos permite repetir lo mismo que dijo el autorizado comentarista internacional Carlos Alberto Montaner: “a mi juicio, lo terrible no es el pasado de Colombia, sino su futuro, dado que estamos en presencia de un grupo que no está dispuesto a entregar las armas, arrepintiéndose sinceramente, sino recurriendo a otros medios o a los medios de siempre para financiar sus objetivos. “Timochenko” y las Farc quieren llegar al poder para instaurar un régimen comunista”.

El exmagistrado Nilson Pinilla sostiene que “El Tribunal para la Paz es inviable a la luz del Derecho Internacional –Comisión Americana de Derechos Humanos- porque no se pueden crear tribunales especiales de juzgamiento después de ocurridos los hechos materia de investigación, porque violan acuerdos internacionales y principios fundamentales del derecho”. Y el plenipotenciario en La Habana, ex general Jorge Enrique Mora Rangel advirtió: “Lo que se está divulgando es un esquema general, pero el acuerdo, que está en construcción, es mucho más extenso y detallado”. Esperemos, en consecuencia, algo peor aún.

Cada vez resulta más evidente que la “Jurisdicción Especial para la Paz” tiene dos objetivos, impunidad para las Farc y cárcel para todos los demás: expresidentes, generales, opositores políticos, gerentes, agentes del Estado, esto es, todos aquellos que de manera directa o indirecta se hayan opuesto a las Farc.

Interminables son los interrogantes sobre el nombramiento de los jueces del Tribunal y de las Salas de Justicia Transicional. ¿Quién los nombrará? ¿Los nombrarán entre el Gobierno y las Farc? Es decir, ¿elegirán los criminales unos jueces ya sesgados en su favor?

Las sanciones serán de dos clases, de 5 a 8 años para “aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos de competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos… mediante la realización de trabajo, obras y actividades que satisfagan los derechos de las víctimas” No se habla de privación de la libertad, todo el país y el Congreso figurarán entre los lugares de reclusión, ¿oportunidad para crear las “Republiquetas Independientes?”.

La segunda clase de sanciones se crea para aquellos ciudadanos que se nieguen a reconocer su responsabilidad, así sea inventando, inculpándose por delitos que no cometieron, “serán condenados a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias”, por un juez santos-fariano.

En el punto cuarto del acuerdo se afirma que “el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de esta conexidad”. Todo aquello que le hubiere generado dinero a las Farc para financiarse se declarará conexo con los delitos políticos, a saber: narcotráfico, secuestros, extorsiones, contrabando, robo de ganado, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado…

En el punto octavo se establece que: “Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición”. “Pero en el caso de las Farc, deberán, además, dejar las armas a más tardar 60 días luego de la firma del Acuerdo Final”.

La reparación de las víctimas no pasa de ser una demagogia refinada. En tres años de conversaciones no aparece ninguna mención de reparación económica a cargo de las Farc, todo será por cuenta nuestra. Y la entrega de las armas –diferente de la dejación- otra farsa que facilitará la repetición.