Sin otra reforma tributaria, ya se está aplicando el impuesto más regresivo de todos: la inflación, pues quien solo vive de su salario ha visto mermar su capacidad de compra, bienestar y vida, al tiempo que el Gobierno derrochón mantiene sus gastos de funcionamiento como si no pasara nada.

En esta columna se advirtió, desde el pasado diciembre, que veríamos una inflación superior al 5 % como resultado de la persistente y acelerada devaluación, que afortunadamente ya está cediendo. Sin embargo, ese primer choque temporal de costos se empalmó con el fenómeno del Niño, dejando al desnudo la incapacidad de autosuficiencia alimentaria de Colombia, en contravía del discurso de nuestro potencial agrícola y pecuario.

El carácter temporal con que nos vendieron la idea del aumento inflacionario, se basó en que el tema era de oferta, no de demanda. Oferta que, por encarecimiento de los productos importados, tendería a acoplarse con menor demanda. Sin embargo, el incremento de precios de los bienes no transables, aquellos no afectados por la devaluación sino por la demanda interna, muestra una variación anual del 4,27 %, muy por encima del rango del Banco de la República, que ojalá mantenga su meta en esta materia, so pena de vulnerar gravemente su prestigio y credibilidad.

Las presiones de demanda estarían personalizadas por el desbordado gasto del Gobierno que, contrario a su remoquete publicitario de la “austeridad inteligente”, pareciera no entender que su ritmo de mermelada no es sostenible en la nueva realidad, a menos que siga expropiando a los asalariados, vía impuesto inflacionario, como si el escenario de altas rentas mineras y petroleras aún existiera, error que ya desde hace rato cometió Venezuela.

El juste salarial siempre ha contemplado inflación y productividad, y como la primera ya está al 5,35 % anual, algunos plantean que la productividad laboral ha sido negativa, y por ello debería restársele al salario, premisa que reforzaría la hipótesis de que el cacareado empleo generado en los últimos meses ha sido de mala calidad, evidenciando la falsa imagen de solidez económica que con argucias pinta el Gobierno.

La puja salarial no logrará consenso, llevando a que sea el Gobierno el que, por decreto, defina la remuneración de la mayoría de trabajadores colombianos y dejando constancia de que la crisis económica que se está cocinando tiene un claro responsable: los actuales administradores de lo público.