Por primera vez en cinco lustros, una porción variopinta del Congreso le aplica agua fría a la fiebre privatizadora que desmanteló el Estado, entregó sus empresas a mercaderes sin escrúpulos y disparó así la corrupción hasta niveles de escándalo.
Sacudiendo la modorra de un parlamento complaciente con el modelo que amplió la brecha de las inequidades, y en la inminencia de feriar acciones del Estado en Isagén, 80 parlamentarios censuraron hace un mes el descabellado propósito. Y 39 radicaron esta semana un proyecto de ley que le otorga al Legislativo poder para aprobar o negar iniciativas gubernamentales de enajenación de bienes públicos. Pecaminosa incursión en el altar del capital privado, que erigió su hegemonía sobre las ruinas de la función social y económica del Estado. Tras la acción parlamentaria, el descontento general por querer transar por cuatro duros la joya de la corona con el primer postor hambriento de oro y ajeno al interés colectivo.
Con el primer negociante que se sume a la cadena de electrificadoras que desaparecieron $5.000 millones de dólares pagados como sobretasa al servicio de energía en previsión de emergencias como la del Niño. Por su causa, podrá haber apagón. El senador del Polo Alexander López denunció un “cartel de generadores de energía” que habría depositado parte de esos fondos en paraísos fiscales. Pero el Gobierno insiste en expropiarle a la Nación un bien estratégico, primer generador de energía del país: con siete centrales en cuatro departamentos, Isagén satisface la quinta parte de la demanda nacional.
La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático instó a preservar como bien público la empresa que el año pasado “produjo más de $400.000 millones en utilidades y es una de las estatales de mayor rentabilidad”. Agrega ella que no puede arriesgarse la soberanía energética del país, ni sacrificar esta herramienta de inversión y desarrollo en los territorios. Sofía Gaviria, senadora liberal, explica que la Ley Isagén busca recuperar la veeduría y el control del Congreso sobre iniciativas de venta del patrimonio público. Y obliga al Ejecutivo a sustentar propuestas con estudios financieros, de impacto ambiental y proyección socio-económica. En adelante, la participación de capitales privados en el sector energético no podría superar el 30%. Por lo que hace al cargo de confiabilidad que desde 2006 paga el usuario de energía para nutrir el fondo de emergencia, López pidió investigar en particular a Termocandelaria, según él, por haber depositado en Islas Caimán $413.000 millones que había recibido con destino al fondo de marras.
En tal horizonte, la privatización de Isagén sería un desatino, un descalabro. Porque con ella pierde el Estado del todo su función reguladora de los precios de energía. Porque concede la oferta de este bien estratégico, indelegable, al sector privado, sólo interesado en su peculio, no en el bien común. Porque desconoce la capacidad empresarial de entidades con elevado componente de participación pública, promotoras de las grandes obras energéticas; como las Empresas Públicas de Medellín. Porque renuncia el Estado a utilidades cuantiosas aplicables al desarrollo.
Peregrina la coartada de Vender Isagén para financiar vías, cuando serán los contratistas de las 4G quienes deriven las utilidades. Cuando en pocos años, los solos beneficios de Isagén equivaldrán a lo que hoy reciba por sus acciones. Bien acompañado quedará el proyecto de Ley Isagén si aquel bloque parlamentario le exige al Gobierno recuperar los $17 billones que las energéticas se embolsillaron. Se moderaría el afán privatizador y se apagaría la amenaza de apagón.
