El debate entorno al terrorismo no es nuevo. En Colombia, durante años tuvo mucha fuerza la tesis que defendía el ex magistrado Carlos Gaviria que sostenía, palabras más palabras menos, que aquellos que empuñaran un arma para buscar una mejor vida de sus connaturales, debía ser considerado como un delincuente político, mientras que aquel que lo hiciera para enriquecerse, merecía el tratamiento de delincuente común.

Esa dicotomía le hizo mucho daño a nuestra sociedad. Las víctimas fueron estratificadas. Aquel que haya sido merecedor de malos tratos por parte de la guerrilla no gozaba de los mismos derechos que tenía el que hubiera padecido el rigor de los denominados paramilitares.

Desde nuestra perspectiva, todos los que recurran a las armas, a la violencia, al uso indiscriminado e ilegal de la fuerza deben ser merecedores del mismo tratamiento: el de terroristas.

En una democracia no hay espacio para que alguien recurra a la violencia armada en aras de defender unos supuestos ideales. Y mucho menos, cuando esas armas y esas acciones criminales son financiadas con dinero proveniente del tráfico de drogas ilícitas.

Al terrorismo se le debe combatir, pero también se le debe dar alternativas incruentas. La negociación es una posibilidad, siempre y cuando se cumplan preceptos mínimos de justicia, verdad, no repetición y se imponga una sanción política y administrativa a quienes hayan recurrido al uso ilegal de las armas.

Mientras en París los terroristas pusieron en jaque al mundo entero, en La Habana el gobierno de Juan Manuel Santos continúa, tan campante, buscando la manera de dejar impunes a los cabecillas de las Farc, responsables de los peores crímenes contra la humanidad, entre los que se cuenta el reclutamiento forzado de menores, práctica que siguen cometiendo las Farc, aún durante el proceso de paz.

De acuerdo con las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo, desde 1999 más de 5 mil 500 niños han desertado o han sido recuperados de las garras de las Farc. Alrededor de 6 mil han sido abatidos y 20 mil reclutados en los últimos 10 años.

¿Cuántos niños tienen hoy en día las Farc en su poder? Nadie tiene una cifra concreta, pero se estima que son más de 2 mil, número que debería hacer que el país entero se estremezca.

No es posible hacer una tabla valorativa de las acciones terroristas. El secuestro de aviones en pleno vuelo, la voladura de oleoductos con el posterior daño al ecosistema, el secuestro, la extorsión, la toma armada de poblaciones, la detonación de explosivos en lugares de amplia circulación de la población civil, el ataque a centros de culto religioso son algunas de las acciones que las Farc cometen consuetudinariamente.

Pero el reclutamiento forzado de menores debe merecer una atención especial, tanto en la prevención como en el castigo a quienes promuevan, patrocinen y cometan ese delito.

No es aceptable, desde ningún punto de vista, que quienes han sacado a miles de niños de sus hogares para convertirlos forzadamente en combatientes, terminen beneficiándose de amnistías e indultos. No puede creerse que el reclutar a menores de edad sea un delito político porque así no lo entiende la ley colombiana, ni mucho menos la legislación internacional en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de los menores de edad.

Reclutar niños le hace tanto daño a una sociedad como el que hace unos días unos terroristas le hicieron a la sociedad francesa.