Isagén: otra corona que nos arrebatan

Isagén: otra corona que nos arrebatan

Desde que el 29 de julio de 2013 el Consejo de Ministros, encabezado por el titular de Hacienda, Mauricio Cárdenas, autorizó la venta de Isagén a $2.850 por acción, el precio se ajustó en 45%, hasta los $4.130, a los que se ofrecerá cada acción el próximo 13 de enero, diferencia que equivale a $2 billones. Dinero que se hubiera embolsillado el comprador a costillas de los colombianos si no se hubiera frenado el proceso.

Pero más allá del precio, lo grave es el destino de los $6,5 billones que recibirá el Gobierno, pues no ingresarán al presupuesto general de la Nación como lo obliga la Ley 226, sino que temporalmente se mantendrían en una cuenta especial del Tesoro Nacional, mientras se trasladan al Fondo de Desarrollo, que será administrado por la Financiera de Desarrollo Nacional, sin que hasta la fecha exista el contrato para dicha administración. Así, lo más probable es que parte de la venta se vaya a tapar el gran hueco fiscal.

Los colombianos perderemos una empresa estratégica en el suministro de energía, perderemos una empresa abanderada en la expansión de la infraestructura de generación hídrica de electricidad, una empresa reconocida por su responsabilidad social y ambiental. Todo a cambio de invertir en créditos a 20 años a empresarios privados que tendrán ocho años de gracia, tomando riesgos financieros que ningún banquero en su sano juicio estaría dispuesto a asumir.

Lo que el ministro Mauricio Cárdenas arrebata de los colombianos para entregar a manos privadas es irrecuperable. No nos extrañe que el comprador extranjero prefiera vender energía a Venezuela o Ecuador, o que apenas pueda trasladar el domicilio comercial de la empresa a un paraíso fiscal deje de pagar los cuantiosos impuestos que hoy se reciben, además de los jugosos dividendos que han alimentado las arcas públicas.

Es indignante que se nos despoje de una corona construida a pulso con la contribución de cada colombiano. Los defensores de la venta ocultaron sus personales conflictos de intereses. En el Congreso existe mayoría absoluta que rechaza la venta y cuarenta senadores advirtieron a las empresas precalificadas sobre la inconveniencia de su decisión. Sólo queda que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo sobre demandas que cursan en su instancia.

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