¿Principios o falacias?

El Gobierno ha dado a conocer “los 15 principios del proceso de paz”, una colección de malabares para crear la sensación de que la negociación con las organizaciones armadas ilegales está fundada en el interés nacional y democrático.

Tras haber fracturado la Constitución con el fin de que solo 4 millones de votos basten para aprobar lo que firme Timochenko, el Ejecutivo se desvive ahora por presentar un catálogo que arrastre a la población a decirles “Sí” a las Farc.

En otras palabras, ese libreto del Gobierno debe ser repensado y digerido para que impere el pensamiento crítico y el ciudadano escape a la manipulación que se teje desde la mesa de concesiones de La Habana.

En tal sentido, y para ser estrictamente prácticos, no son necesarios 15 puntos. Con cinco basta.

1- Toda solución negociada del conflicto ha de basarse en el respeto integral al sistema democrático, sin violación de la Constitución.

2- Las capacidades militares garantizan la seguridad de la población, así que lejos de subordinarlas a lo que se negocie con el Secretariado, ellas son la esencia del derecho y el deber de proteger al ciudadano.

3- Las víctimas no pueden ser objeto de lisonja y tienen que ser honradas y reparadas materialmente, empleando para ello las incontables riquezas ilícitas con que cuentan las Farc tanto en Colombia como en el exterior. Uno a uno, los bienes arrebatados serán restituidos.

En consecuencia, la revictimización es inadmisible, así que cualquier mecanismo electoral o de consulta ciudadana solo se considerará como legítimo cuando las Farc se hayan desmovilizado, hayan renunciado a la violencia como método político, estén controladas en un área geográfica específica y se encuentren absolutamente desarmadas.

 4- La base de la paz es la justicia. Un proceso basado en recompensas y complicidades (o sea, en simples restricciones de la libertad) es insostenible y solo conduce a nuevas y cada vez más sofisticadas formas de violencia. Y, por último,

 5- Solo podrán participar en política los individuos que no hayan perpetrado crímenes de lesa humanidad.

Cualquier atisbo de laxitud solo serviría para transmitirles a las nuevas generaciones el mensaje de que la violencia es rentable y que a mayor eficiencia criminal mayor será la recompensa política obtenida.

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