Un ‘regalito’ de Juampa

El aguinaldo del gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos (alias Juampa) se veía llegar desde antes de que la gente prendiera las lucecitas para adornar a diciembre.

Los anuncios, con el pretexto del fenómeno del Niño, que puede servir para todo, y para encubrir despropósitos en el sistema eléctrico nacional, se dieron desde hace dos o tres meses: habrá alzas de tarifas de energía eléctrica. Y listo.

En alza estamos. Y ya, por lo menos, algunos sectores populares iniciaron la protesta contra el que se erige como un nuevo abuso contra la gente, sobre todo contra la más desprotegida y olvidada de la fortuna. Una reciente “velatón”, en Medellín, iluminó las voces de descontento contra la medida impopular del Gobierno, que contó con la aquiescencia servil de varios congresistas. Estos aprobaron una constancia titulada “para que el país no se apague”, y desestimaron los debates de control político que se realizaron para desentrañar las razones de fondo del aumento (y casi siempre camufladas por la oficialidad).

No es extraño en Colombia que sea la población la que pague o las ineficiencias de determinadas empresas o el arrodillamiento del Estado frente a algunas de ellas, con intereses transnacionales. Pasó hace años, cuando dizque para salvar a la banca, se aprobó un aumento impositivo del cuatro por mil, que se dijo sería temporal y aún continúa, para acrecentar los caudales de las entidades financieras.

Desde hace nueve años, los colombianos pagan un recargo de 50 pesos por consumo de kilovatio-hora, que les significa a las empresas generadores de energía un ingreso promedio de 900 millones de dólares anuales, que no es cifra de poca monta. A esa sobretasa se le denomina “cargo por confiabilidad”, creado para subsidiar a termoeléctricas y algunas hidroeléctricas, para sobrellevar emergencias como las que dicen que ha producido el fenómeno del Niño.

Y entonces ¿por qué un alza en las tarifas de energía? ¿Acaso el cargo de confiabilidad no es suficiente? ¿No consiste ese sobrepago en un seguro para que produzcan energía en tiempos de sequía? Hay, como diría el senador Jorge Enrique Robledo, un abuso de las generadoras y una complicidad del Gobierno. Ya se les había pagado el cargo por confiabilidad en proporciones astronómicas, dado que en los últimos nueve años los usuarios han cancelado 14 billones de pesos, y ahora, su voracidad, exige más entradas. Y el modelo neoliberal colombiano permite, desde luego, estos desafueros, con los cuales se perjudica en mayor escala a los más pobres, que son legión en el país.

Los costos de la energía en Colombia son de los más caros de América Latina. “Lo que uno ve es que duramos varios años firmando tratados de libre comercio con otros países y mientras eso sucedía, en 10 años, los precios de la energía subieron un 60 por ciento”, dijo en una entrevista aPortafolio.co María Luis Chiappe, presidente de Asoenergía, entidad que reúne a 21 empresas de la rama industrial.

¿Qué se hizo toda la plata recolectada por los cargos de confiabilidad? ¿A dónde fueron a parar esos fondos? Ahora, hay que financiar una buena cantidad de termoeléctricas, que hacen parte de grupos privados de Chile, Estados Unidos y Colombia y que, además, sus matrices tienen inversiones en otros sectores prósperos (y aquí el lema del Gobierno de “prosperidad para todos” sigue siendo otra mentira), como la banca, los seguros y la construcción, según un informe de El Tiempo (01-11-2015). Los dueños de las termoeléctricas no son ningunos pobretones.

El Gobierno parece estar haciendo ‘regalitos’ a inversionistas particulares, que, como si fuera poco, aducen que tienen “inviabilidad financiera”, como lo declaró una de las termoeléctricas. Y lo más curioso, según la misma vocera de Asoenergía, citada por el senador Robledo, es que si el Gobierno asumiera los correctivos de un estudio que contrató sobre el sector eléctrico, las tarifas de energía podrían reducirse entre un 20 y un 35 por ciento. ¿Y entonces? Una denuncia del mismo congresista dice que las empresas generadoras térmicas “nos pusieron conejo a los colombianos”. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del Ministerio de Minas? ¿De la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios? ¿O, tal vez, del modelito económico que impera en el país, y que ha enriquecido a los más poderosos y empobrecido a casi toda la población?

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