Asuntos de familia

Que varios miembros de una misma familia reciban emolumentos del Estado debería, cuando menos, abrir un serio debate ético.

A mediados de septiembre de 2012, el entonces ministro de Transporte Miguel Peñaloza renunció a su cargo para evitar que los cuestionamientos que le hacía Daniel Coronell desde su columna llegaran más lejos. Peñaloza se apartó de su flamante puesto de ministro pues no estaba bien visto que una empresa que él fundó y que después pasó a manejar su esposa tuviera millonarios contratos con el Estado mientras él ocupaba un ministerio.

Cuatro años después la historia se repite pero esta vez el desenlace parece distinto. Tomás González, actual ministro de Minas, también era socio fundador de una pujante compañía que hoy tiene más de 5 mil millones de pesos en contratos con el Estado. Igual que en el caso del ministro Peñaloza, González ‘vendió’ sus acciones a su esposa y ella continúa al frente de la empresa mientras éste último sigue siendo ministro.

González ha salido a los medios de comunicación a decir que no tiene por qué renunciar y que no existen conductas ni ilegales ni antiéticas en este caso pues, finalmente él ya no tiene acciones en la empresa y todas ellas fueron vendidas oportunamente a su esposa dizque para evitar cualquier suspicacia. ¡No nos crean tan pendejos! ¿Por cuánto habrán sido vendidas las acciones entre estos cónyuges y cómo se ve esa transacción reflejada en la declaración de renta del ministro? ¿Acaso esas utilidades no se revierten después en la sociedad conyugal de la pareja González-Baena? Todo queda en familia y aunque sea verdad que nada es ilegal, este tipo de comportamientos deberían abrir, cuando menos, un serio debate ético.

La pregunta es ¿por qué se han medido con diferente rasero las conductas del exministro Miguel Peñaloza y el actual funcionario Tomás González? ¿Qué pudo haber pasado desde el 2012 hasta ahora para que en un caso fuera inevitable la renuncia del ministro de Transporte y ahora parezca obvio que el ministro de Minas se quede? Fácil. La situación se ha vuelto tan común en este gobierno que de pedirle la renuncia a González tendrían que irse detrás varios altos funcionarios del Estado que están en idéntica posición.

Todo queda en familia, de nuevo, y la vara ética de este gobierno parece haber bajado conforme pasan los años. Ya nada les da vergüenza. Ya nada les genera pudor. Si no que le pregunten al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cuyo núcleo familiar inmediato es uno de los más prósperos en esta administración. Su hermana se volvió una ‘embajadora rotativa’: de Japón a Brasil y de Brasil a México. Su otro hermano, Jorge Hernán, fue primero millonario contratista de la Policía y ahora miembro de la comisión de expertos que tiene que investigar precisamente esa institución. ¡Macondo! Y la lista sigue con otros ministros y viceministros cuyas esposas están divinamente puestas en importantes cargos oficiales de manera simultánea.

Nada es ilegal pero estas cosas de familia contratadas por un mismo Estado, ganando sueldos u honorarios millonarios, deberían mirarse desde un prisma ético y como sociedad no podemos dejarlos pasar por alto ni acostumbrarnos a que todo siga igual.

El debate no es sencillo. Entiendo que haya ‘casas’ en las que la vocación por el servicio público sea poderosa pero deberían entender que esa cohabitación ni es fácil de manejar para ellos ni es bien vista por los ciudadanos que, con razón se preguntan por qué hay tantos miembros de una misma familia recibiendo salarios y prebendas del gobierno.

El presidente debería aprovechar el supuesto reajuste en su gabinete para corregir estas distorsiones y esas familias deberían hacer una autorreflexión sobre la conveniencia de seguir compartiendo cargos y contratos, odios y amores, que se pasan entre ellos por el hecho de ser compañeros no sólo de vida sino también de trabajo. Tal vez a todos les esté haciendo falta una buena dosis de ‘finura ética’. ¿Será mucho pedir?

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