Defensor del…arquitecto

Defensor del…arquitecto

Por la manera agresiva, histérica, desafortunada y poco reposada que el señor Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo respondió a mi columna “La conquista española” publicada la semana anterior, deduzco que el alto funcionario no tiene argumentos que expliquen por qué su cercano amigo, el ciudadano español don Manuel Sánchez-Vera Gómez-Trelles se convirtió, en un santiamén, en contratista de la Fiscalía General de la Nación y otras entidades.

Vayamos a la génesis de la amistad entre el doctor Perdomo y el arquitecto español. Todo empezó en Bonn, Alemania, cuando Perdomo fue a estudiar una maestría a la universidad de aquella ciudad. Allí, mientras adelantaba sus estudios en derecho comparado, conoció a Javier, prestigioso abogado español. Apellido: Sánchez-Vera Gómez-Trelles. Desde ese momento, empezó a tejerse una linda amistad entre Perdomo y aquella familia de rancio abolengo.

Manuel Sánchez-Vera,  hermano de Javier, es un arquitecto de elevadas calificaciones, con impresionantes títulos profesionales de universidades tan prestigiosas como Harvard, en cuya escuela de diseño adelantó sus estudios de maestría en arquitectura; con trabajos arquitectónicos a su haber en diferentes rincones del planeta y merecedor de importantes premios internacionales, un día cualquiera, sin más ni más, resolvió dejar su oficina de Madrid para venirse a Colombia a refaccionar las sedes de la Fiscalía General de la Nación  en Paloquemao, Barranquilla, Neiva y Mariquita, tal y como lo publicó el pasado 11 de enero la fiscalía en su cuenta oficial de Twitter.

Tan pronto llegó a nuestras tórridas latitudes empezó a contratar con la Fiscalía General de la Nación y con el Ministerio de Vivienda para rendir conceptos sobre los planes de ordenamiento territorial.

Esta semana conocí un nuevo contrato del arquitecto. El 24 de julio de 2015 se firmó el contrato 267 entre la Defensoría del Pueblo y Manuel Sánchez-Vera por 50 millones de pesos. El arquitecto tenía la obligación de “asesorar a la entidad en el diseño arquitectónico del auditorio ubicado en el sótano de la sede central y de las oficinas y áreas comunes de los pisos 10 y 11”. Como se lee, una vez más al calificadísimo experto en diseño se le contrató para “asesorar”, no para hacer, ni ejecutar, ni realizar.

Ha quedado establecido que la llave que le ha abierto las puertas a don Manuel Sánchez-Vera en los despachos públicos es su amistad con el señor Vicefiscal Perdomo.

Al preguntarle al doctor Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo, por ese contratista y ese contrato, en charla telefónica el 13 de enero me aseguró que no conocía a Sánchez-Vera y que no sabía nada del contrato en cuestión. En tono enfático me puntualizó que en la Defensoría del Pueblo, todos los asuntos contractuales son manejados por el secretario general, doctor Alfonso Cajiao y que él, Otálora, en esos temas no interfiere de manera alguna.

Un par de días después, a través del chat, volví a preguntarle al señor Defensor del Pueblo si estaba seguro de no conocer a Sánchez-Vera. Ahí, su versión cambió: “pues en la entidad hay 3 arquitectos con los que me he reunido para las obras”. Pretendí entonces que me puntualizara, sí o no, conoce al arquitecto. Su respuesta fue: “claro”.

¿Por qué, entonces, tanto misterio? Lo que no genera dudas, no tiene por qué ser mimetizado. No hay nada de malo en que se recurra a los servicios de un arquitecto con tan sobrados méritos. Si bien es cierto que la empresa de Sánchez-Vera no llena los requisitos para contratar con el Estado, no menos lo es que él, dada su experiencia profesional adquirida en otros países, sí puede hacerlo. Y, en tratándose de un arquitecto con tan rutilantes galardones, es cuando menos honroso que haya querido venir a Colombia a hacer refacciones a los sótanos de nuestras entidades públicas, tarea que seguramente, por su oceánica complejidad, no puede hacer ningún arquitecto colombiano.

El nuestro es un país de coincidencias, sin que eso signifique, ni más faltaba, que de por medio haya comportamientos irregulares o ilegales. Y entre esas coincidencias encontré una: el doctor Jorge Armando Otálora tenía abierta una investigación preliminar en la Fiscalía General de la Nación por los posibles delitos de enriquecimiento ilícito, captación masiva de dineros, lavado de activos y otros. El motivo: haber sido abogado del tristemente célebre David Murcia Guzmán –dueño de DMG-, que acostumbraba a pagar en efectivo a quienes lo asesoraban y representaban en asuntos penales. Como el mismo Otálora me confirmó telefónicamente, esa investigación le fue archivada “a mediados del año pasado”, sin quererme precisar la fecha exacta. Y vean ustedes la desafortunada coincidencia: también fue a mediados del año pasado –julio 24- cuando a Sánchez-Vera, recomendado amigo del vicefiscal Perdomo, le dieron el contrato en la Defensoría del Pueblo.

Interesante que, de una vez y por todas, supiéramos en cuántas otras entidades públicas se han suscrito contratos en los que el arquitecto Sánchez-Vera ha dado sus valiosas “asesorías y recomendaciones” en materia de diseño, adecuación y refacción.

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