Privatizaciones en contravía

Privatizaciones en contravía

De este debate saldrán fortalecidos los monopolios, rica fuente de 'mermelada' regional.

Hemos transferido del sector público al privado actividades estratégicas e importantes para la Nación, pero conservamos en manos oficiales actividades que por ninguna razón deberían estar a cargo de funcionarios públicos. Conviene que el Estado tenga presencia activa en las telecomunicaciones y el sector energético. Sin embargo, cada día participa menos en esos renglones claves, porque vendió o liquidó casi todas las electrificadoras y telefónicas que poseía. Cuando los europeos enajenaron sus empresas estatales, se reservaron en cada una de ellas la que llamaron acción de oro (golden share), que permitía al Estado vetar las decisiones de esas empresas que considerara contrarias al interés público. Nosotros nunca adoptamos fórmula parecida.

Vendimos Isagén a proponente único del que no puede decirse que haya presentado la mejor oferta, porque, por sustracción de materia, no pudo compararse con ninguna otra, como lo exige definición elemental de todo remate o martillo. En 1997, la Empresa de Energía de Bogotá ofreció el 11 por ciento de sus acciones y el 50 por ciento de las de Emgesa y Codensa, que también eran suyas, a quien la capitalizara con no menos de 950 millones de dólares. La puja entre los participantes dobló ese precio base, porque la ganó quien pagó 2.100 millones.

La Ley 1675, del 2013, privatizó los tesoros del San José y demás galeones que se puedan encontrar, porque el contratista que los localice y extraiga será remunerado hasta con el 50 por ciento de las especies rescatadas que no hagan parte del patrimonio cultural de la Nación porque tienen características similares y se repiten (monedas, lingotes de oro y plata, piedras preciosas). El Ministerio de Cultura valoró el tesoro del San José en 21 billones de pesos (EL TIEMPO, 12-1-2016), pero no ha dicho todavía cuánto le corresponde al afortunado contratista.

En cambio, no privatizamos los juegos de suerte y azar ni la producción de rones y aguardientes, anacrónico monopolio que siempre ha dado lugar a toda clase de escándalos. Hace más de un siglo, Uribe Uribe escribió: “Ser rematador de renta de licores o destilador con patente es, hace muchos años, el mejor, si no el único buen negocio en Colombia”. Le faltó agregar que en el origen de ese negocio casi siempre hay arreglos delictuosos. Licoreras y loterías, más las primeras que las segundas, son nidos de clientelismo, politiquería y corrupción y caja negra de la financiación de las elecciones, por lo cual ni el Gobierno, ni el Congreso, ni los partidos se atreven a decir que los departamentos ganarían más cobrando impuestos que manejando ese tipo de empresas. Como en la Constituyente del 91 así se propuso, los beneficiarios del monopolio no permitieron que la votación se desarrollara normalmente, situación que ni siquiera se presentó cuando se debatió la extradición.

Tan perturbador monopolio nos ha creado problemas internacionales con la Comunidad Andina, cuyo Tribunal de Justicia declaró que incumplíamos las normas del Acuerdo de Integración por las restricciones y el trato discriminatorio que imponíamos al comercio de licores y alcoholes. Los tenemos ahora con la Unión Europea, que, por la misma razón, nos ha denunciado ante la Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos también alega que estamos desconociendo el tratado de libre comercio. Para atender esas reclamaciones cursa proyecto de ley que ya cuenta con la oposición de los gobernadores. Por ello, de este debate saldrán fortalecidos los monopolios, rica fuente de ‘mermelada’ regional.

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