A pesar de haber sido concebido y reducido casi a su medida, las Farc persisten en rechazar el “plebiscito por la paz”. Lo cierto es que el método de refrendación necesita su firma, pues así se acordó.

Las partes negociadoras del “Acuerdo para una paz estable y duradera”, esto es, el Gobierno colombiano y las Farc, establecieron desde 2012 las bases de la agenda sobre la cual se soportaría el cese del conflicto armado interno. En ella se dejó firmado que habría un mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz, y que tal mecanismo sería acordado conjuntamente entre las partes.

Iniciados los diálogos en Oslo, y posteriormente asentados en La Habana, pocos previeron que fuera este, el mecanismo de refrendación, el que podría generar más dificultades. Muchos pensaron que sería el punto relativo a la justicia el que mayores contratiempos y desacuerdos activaría. No fue fácil, pero de una forma u otra, con concesiones enormes por parte del gobierno y muy pocas por parte de la guerrilla, ese punto de justicia transicional, aún no digerido por la sociedad colombiana que no sabe lo que pueden implicar esos tribunales especiales de paz, está ya cerrado.

Pero no lo está el mecanismo de refrendación, a pesar de que el gobierno de Juan Manuel Santos ha aplicado una especie de turbina legislativa, contando con mayorías obedientes en el Congreso, que aprueban cuanta iniciativa presenta el Ejecutivo. La última, un plebiscito que se lleva por delante la filosofía democrática de los mecanismos de participación popular, al reducir el umbral aprobatorio a márgenes que, desde el punto de vista político, rozan la pantomima.

El problema ahora es que las Farc no aceptan el plebiscito. Y no lo han negado una o dos veces, sino muchas. Esta semana han desplegado toda una batería de consignas e invectivas contra la iniciativa oficial.

Tal vez para sorpresa de los negociadores en La Habana, el presidente Santos dijo el pasado lunes en un trino que “lo que se firme en La Habana lo someteré a plebiscito, les guste o no a las Farc”.

La frase no indica tanto una inédita fortaleza gubernamental, que la guerrilla se precia de haber desdibujado desde el inicio del proceso, cuanto una necesidad de dejar precedente sobre el agotamiento de todas las instancias para cumplir con la promesa oficial de que sea el pueblo “el que tenga la última palabra”.

Entre otras cosas, porque la lógica de lo que han sido las negociaciones y los cambios de postura presidencial en tantas cosas, indica que así haya plebiscito, y este sea aprobado con las exiguas mayorías definidas en la ley especial expedida para tales efectos, eso no excluye una posterior asamblea constituyente. Ya no ratificatoria sino instrumental para introducir en la legislación todo cuanto la guerrilla logró incluir en los acuerdos.

Pero con anterioridad a todo esto, está pendiente el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad del “plebiscito por la paz”. Importantes juristas han señalado que al ser la paz un derecho fundamental, no puede someterse a votación.

Sin embargo, parece claro, que lo que se votaría en el plebiscito sería la conformidad del ciudadano, o su desacuerdo, con los acuerdos suscritos, mas no con el valor intangible de la paz. El votante ratificará o rechazará los acuerdos, en su totalidad. Y si los aprueba, lo hace con el “paquete” completo: con sus puntos virtuosos y con los éticamente oscuros. Y por eso mismo al Gobierno le conviene someterlos así a refrendación popular. Lo paradójico es que la guerrilla ponga reparos a un mecanismo ideado -y aprobado así por las mayorías en el Congreso- únicamente en su propio provecho.