Uso el término con el que se toma del pelo frecuentemente al expresidente Andrés Pastrana para referirme a su pronunciamiento muy comentado sobre el proceso de paz de Santos y, sobre todo, acerca de la Jurisdicción Especial de Paz.
Él tiene su estribillo, como el expresidente Gaviria el “ciertamente” o como lo tuvo Turbay con el “evidentemente”. Es anécdota, pero lo que Pastrana expresó es diáfano y es claro. Sí, realmente sí, se entregó el país, con su institución más preciada: la Justicia, fundamento de cualquier Estado.
Este país desordenado, acabando de hacer una reforma por el equilibrio de poderes, desequilibra todo con la creación de un Tribunal omnímodo, más grande que los grandes, sustento de la promisoria paz y a cuyos magistrados —hasta la fecha desconocidos— los tradicionales de la Corte Suprema, de la Constitucional, del Consejo de Estado y de la Judicatura no se atreverían a desatar el nudo de sus zapatos.
El sagrado principio de la cosa juzgada se va al piso cuando pueden revivirse procesos que en determinado momento quiera revisar el Tribunal de Paz. Por lo demás, si se trataba de una reconciliación con adversarios de guerra, no tenían por qué entrar a jugar papel protagónico, a una con los rebeldes, otros personajes que se organizaron para defenderse y que terminaron en acciones igualmente criminales. Pero este debería ser un pleito aparte de estos últimos con el Estado.
En adelante habrá que mirar, a propósito de cualquier asunto, si tiene relación con el llamado conflicto, antes de aplicar la justicia ordinaria, que ya puede llamarse subsidiaria. La que se verá desproporcionada en materia de penalidad frente a los indultos, amnistías y mínimos castigos que declare el muy respetable y único Tribunal de Paz, mediante confesión.
Y, por supuesto, no es sólo la voz del expresidente Pastrana. La columnista María Isabel Rueda, de notable trayectoria periodística y jurídica, ha argumentado en forma sólida contra el acuerdo de la Jurisdicción de Paz; y el así mismo constitucionalista Jaime Castro, y Human Rights Watch y su mentor, José Miguel Vivanco, y Amnistía Internacional y congresistas y periódicos de la mayor importancia en Norteamérica. También Salud Hernández, a quien nadie le discute méritos, para no hablar de su casi homónimo, el igualmente periodista Saúl Hernández. Son muchos y excelentes razonadores.
Al país se lo llevaron para La Habana y hasta allí hacen llegar al presidente de Colombia, para que firme (¿el 23 de marzo?) lo que su debilidad negociadora entregó en ese mismo lugar que mejor no lo pudo encontrar la izquierda hemisférica. El error negociador comenzó con la elección misma de la sede, que se constituirá en nuestra más alta referencia jurídica y judicial: la Cuba de Fidel. Fin de la historia, fin del derecho.
