Existe una tradición en la política interna y exterior de los Estados Unidos, que trasciende la frontera doctrinaria que separa a los demócratas de los republicanos. En este país no se dialoga con los terroristas. Así de claro y de simple.
A aquellos que aterrorizan a la democracia y a las libertades, se les persigue, se les combate, se les lleva ante las cortes para que reciban el castigo que merecen por sus crímenes.
ONU alerta sobre violencia de grupos armados, tras paz con las FARC.
Esta semana, el Secretario de Estado, John Kerry, transgredió esa norma no escrita de la política norteamericana al sentarse a conversar con los jefes máximos de la guerrilla terrorista colombiana. Y el calificativo no lo asigno yo. El Departamento de Estado, en 1997, incluyó a las Farc en su lista de organizaciones terroristas internacionales.
Las Farc nutren sus arcas, fundamentalmente, del tráfico de drogas ilícitas. A comienzos de la década de los 80 del siglo pasado, cuando en el escenario irrumpieron los carteles de Cali y Medellín, Morris Busby, quien para la época era el embajador de Estados Unidos en Colombia, advirtió que en la ecuación de la lucha contra las drogas hacía falta incluir un tercer cartel: el de las Farc.
No son pocos los cabecillas de esa organización que tienen cuentas pendientes con las cortes norteamericanas. El caso más emblemático, pero no el único, es el de “Simón Trinidad”, jefe guerrillero que fue extraditado a los Estados Unidos en el gobierno del presidente Uribe. Fue procesado y hallado culpable. La sentencia: 60 años por haber participado en el secuestro de 3 ciudadanos norteamericanos.
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“Trinidad” cumple su sentencia en una prisión federal en el estado de Virginia.
El gobierno del presidente Obama ha respaldado activamente el proceso de paz que el gobierno de Colombia adelanta con las Farc desde hace más de 4 años. La isla de los hermanos Castro ha sido la anfitriona de esas negociaciones en las que Venezuela –cosa insólita– funge como garante de los acuerdos. Como puede notarse, la balanza está ostensiblemente inclinada a favor de las Farc: el país anfitrión y el país garante son sus aliados históricos.
Pero lo inédito en todo este asunto ha sido, sin lugar a dudas, la presencia del señor Bernie Aronson, quien funge como “enviado especial” del presidente Obama ante el proceso de paz. Su papel, discreto, resulta altamente intrigante. Repito: buena parte de la cúpula de las Farc, empezando por su jefe máximo, alias “Timochenko”, tiene cuentas pendientes con cortes norteamericanas por delitos graves como secuestro, homicidio, terrorismo y narcotráfico.
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Para los capos de las Farc, la condición de que no sean extraditados a Estados Unidos una vez dejen las armas –si es que algún día las entregan– es inamovible. ¿Cómo harán para que los fiscales que los acusan y los jueces que tienen en sus respectivas cortes los procesos judiciales, cesen sus labores y se hagan los de la vista gorda frente a los indictments que existen contra la cúpula guerrillera?
Falsamente se ha dicho que el proceso de paz ha servido para desacelerar los crímenes de la guerrilla. Pero las cifras indican que aquella premisa es falsa. Miremos bien: en 2013, cuando empezaba el proceso de paz con las Farc, Colombia tenía 48 mil hectáreas sembradas con matas de coca. En 2014, se registró un incremento: 69 mil hectáreas y en 2015 éstas aumentaron a 159 mil hectáreas, la cifra más alta de la historia de Colombia.
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Aquellos números nos indican que la guerrilla se ha valido del espacio político que le ha abierto el gobierno colombiano para inundar de plantas de coca al país. Y todo esto lo sabe el gobierno norteamericano que es, valga decirlo, el encargado de llevar el monitoreo de los cultivos ilícitos en Colombia.
Por eso, resulta contradictorio y difícil de comprender que el máximo responsable de la política exterior norteamericana, haya tomado la decisión de conversar a puerta cerrada con los cabecillas de las Farc con ocasión de la visita de Estado a Cuba. Esto es, como si hace 30 años, un secretario de Estado hubiera accedido a reunirse con un narcoterrorista como, por ejemplo, Pablo Escobar.
Politólogo y columnista colombiano. Ex asesor de paz y diplomático del gobierno del presidente Álvaro Uribe en Colombia.
