El litigio con Nicaragua desvió la atención sobre los graves problemas que tiene el país.

Se le apareció la Virgen al presidente Santos justo ahora que su desprestigio le impide hasta convencernos de ahorrar energía. Y se le apareció en la única forma en que un jefe de Estado puede salir incólume del fango de sus errores y perdonado por la opinión: patriotismo instigado por un sentimiento de indignación colectiva que nace de un atropello foráneo a la nacionalidad.

Ya la Corte Internacional de Justicia (CIJ) nos había pisoteado en el mismo litigio con Nicaragua, a finales del 2012, y la respuesta fue igual: apoyar y rodear al Presidente en su decisión de rechazar los dictados de La Haya por considerar que no fueron fallados en derecho. Verdad o no, la gente se olvida por unos días del desgobierno en que andamos, de los errores de esta administración en el manejo del juicio ante la CIJ y hasta de la inocultable relación entre los reclamos de Nicaragua y el proceso con las Farc.

Sin embargo, los expertos internacionalistas –“doctores tiene la Iglesia”– aducen que la decisión de Santos, de no comparecer más ante ese tribunal, es un grave error que nos puede costar caro, provocando un laudo favorable a Managua que nos deje, a decir de muchos, sin mar en Cartagena. Tal vez Santos esté haciendo populismo, pero cuando se ve a las claras que un tribunal no es imparcial y está politizado, que cambia su jurisprudencia y no otorga garantías, ¿qué sentido tiene mantenerse en el proceso? ¿Hay alguna certeza de que no emitirían un fallo adverso –como ya ocurrió– en nuestras narices?

El tribunal de La Haya ha demostrado que se mueve de manera tan errática como nuestras altas cortes, de las que desconfía el 75 por ciento de los colombianos (Ipsos). Y cómo no hacerlo cuando la Corte Suprema de Justicia sale con un fallo que deja sin límites la dosis mínima. Una cortesía para los jibaritos que obliga a preguntarse ¿qué están metiendo estos señores?

Cómo confiar cuando la Corte Constitucional emite una sentencia que considera ofensiva una denuncia en Facebook sobre una deuda no pagada. La prestamista le salió a deber a la escurridiza morosa –que ni le pasa al teléfono– aunque en su publicación se ciñe a la verdad, no usa lenguaje vejatorio o agresivo y no incurre en amenaza alguna. Es lo más pasteurizado que se puede encontrar en las redes sociales, pero ahora las deudas son un tema dizque de la “esfera privada”.

¿Acaso nos están preparando –como en el asunto de los violadores– para aplicar una especie de derecho al olvido generalizado? ¿Nos van a prohibir que mencionemos, por ejemplo, los crímenes de las Farc y que recordemos el prontuario de sus cabecillas? ¿Habrá que callar la verdad para que algún delincuente no se sienta ofendido o para que un violador de menores pueda ser rector de un colegio? Con razón que solo el 19 por ciento confía en la justicia colombiana (Ipsos) y solo el 16 tiene una imagen favorable de ella (Gallup). Por eso la gente hace ‘justicia’ por mano propia: hay un muerto por linchamiento cada tres días, solo en Bogotá.

El litigio con Nicaragua desvió la atención sobre los graves problemas que tiene el país y sobre el fracaso del cacareado anuncio de que mañana, 23 de marzo, se firmaría la paz. Santos dijo que este proceso sería “de meses y no de años”, pero su afán de complacer a las Farc hizo a un lado los plazos. Cómo serán las gabelas que, a pesar de que las objeciones del Centro Democrático sobre las zonas de ubicación fueron ignoradas, a los terroristas les parecen “cárceles a cielo abierto”.

En el frente exterior, unidad, pero en lo interno, nunca antes hubo tantos motivos para salir a la calle; tomemos el ejemplo de Brasil, no nos lamentemos después. #Abril2ALaCalle