La sesión especial del domingo de la cámara baja del Congreso brasileño fue una reunión ruidosa pues su objetivo era votar una moción para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT).

Rousseff es acusada de utilizar préstamos de bancos estatales para cubrir un déficit presupuestario que su gobierno creó en violación de la ley de responsabilidad fiscal de la Constitución brasileña. Después de más de nueve horas, la moción de enjuiciamiento obtuvo los 367 votos que necesitaba para ser aprobada.

Los defensores de Rousseff dijeron que se trataba de un ataque puramente político por parte de adversarios que son tan corruptos como ella. Pero sus problemas son mucho más profundos.

Con una Constitución que le da al gobierno un poder casi ilimitado para intervenir en la economía, no es de extrañar que el sistema político de Brasil esté plagado de conflictos de intereses. Pero si esto fuera un caso rutinario de corrupción, Rousseff probablemente habría tenido más éxito en su intento de poner de su lado a los representantes de los partidos más pequeños. En su situación, sin embargo, incluso en la lejana hipótesis de que sobreviviera este proceso, tendría por delante por lo menos otras siete peticiones de destitución.

El Congreso de Brasil es legendario por su falta de disciplina de partido. Hace sólo tres semanas se creía ampliamente que Rousseff podría derrotar el movimiento para destituirla mediante la oferta a los legisladores de la oposición de lucrativos puestos en su gobierno. Pero no contaba con la creciente ola de indignación popular contra la maquinaria del PT.

La votación del Congreso fue también un referéndum nacional sobre el esfuerzo del PT para implantar en Brasil el “bolivarianismo”, tanto en su economía socialista como en su absolutismo político. Es por eso que el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, programó la sesión para un domingo. La nación estaba viendo televisión conforme cada diputado votaba frente a las cámaras.

Antes de la votación, hubo informes de que el sector a favor de la destitución tenía la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar la moción. El resultado final es la evidencia del fuerte sentimiento anti Rousseff en toda la nación.

La petición pasa ahora al Senado, que decidiría por simple mayoría de votos si suspende a Rousseff y si crea un tribunal de enjuiciamiento político. Después de eso, el Senado necesitará una mayoría especial de dos tercios para desplazarla de la presidencia. Si fuera absuelta, Rousseff podría volver a su puesto, pero durante su suspensión, la presidencia sería ejercida por el vicepresidente Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Rousseff ganó estrechamente la reelección en octubre de 2014 en segunda vuelta contra Aécio Neves, el candidato del Partido de la Social Democracia. Ella logró la victoria utilizando el poder de su cargo para impulsar el populismo emblemático del PT, sobre todo entre los pobres norte del país. Pero aquel año la economía no creció en absoluto. El año pasado, el Producto Interno Bruto se contrajo 3,8%. Este año se prevé una nueva caída de por lo menos 3%.

El dolor es auto infligido. El creciente proteccionismo del PT y el control sobre la economía han dañado gravemente los flujos de inversión. Peor aún, se espera que el despilfarro del gobierno y la impresión de dinero empujen la inflación —un impuesto que golpea a los más pobres— a 10% este año. Eso es inaceptable para una nación que todavía recuerda la hiperinflación de comienzos de la década de los 90.

La ley de responsabilidad fiscal fue diseñada para impedir la repetición del gasto público imprudente. La acusación de que Rousseff ha violado esa importante ley para cubrir su borrachera de gasto populista con préstamos de bancos del gobierno deja a muchos brasileños la sensación de que ella los defraudó.

Una clase media que se benefició de la estabilidad del real después de 1999 y que empezaba a creer que Brasil había dejado atrás el populismo tropical, está indignada. Si la clase media culpa al partido en el timón eso difícilmente sea una conspiración política.

Los brasileños son ahora parte de una reacción regional contra las ideas de izquierda del Foro de São Paulo, una conferencia latinoamericana fundada en 1990 por el ex presidente Lula da Silva, antecesor y mentor de Rousseff, para coordinar los movimientos marxistas en el mundo post-soviético. Rousseff está luchando por su vida política porque sus presuntas violaciones constitucionales fueron parte de la estrategia del PT de utilizar los recursos del Estado para consolidar el poder en el espíritu de la Venezuela de Hugo Chávez, de la Bolivia de Evo Morales y el Ecuador de Rafael Correa.

Incluso al comienzo de la oscilación regional hacia la izquierda no fue fácil influir en los brasileños en esa dirección. La nación aún lleva las cicatrices psicológicas del gobierno militar de 1964-1985. La sociedad civil es un rico mosaico de grupos y asociaciones jurídicas, comerciales, agrícolas, religiosos y de medios que guardan celosamente la libertad de expresión, las libertades civiles y la independencia institucional.

La libertad económica puede verse limitada por un gran Estado regulador. Sin embargo, el sector productivo es libre para acumular recursos por medio de transacciones voluntarias en el mercado, lo que significa que tiene la independencia política y la motivación para protegerlo.

Lula y Dilma son grandes admiradores de Fidel Castro y han utilizado el Estado brasileño para promover el modelo cubano en todo el hemisferio. Pero en casa, como lo demuestra el proceso de destitución, los brasileños no tienen nada de esto.