La suspensión de las aspersiones aéreas, el proceso con las Farc, la revaluación del dólar y los nuevos mercados de la droga crecieron los cultivos ilícitos y obligan a retomar la fumigación.

Cuando hace casi un año el Gobierno Nacional tomó la decisión de suspender las fumigaciones con glifosato, argumentando riesgos para la salud humana reportados por la Organización Mundial de la Salud, la pregunta obligada era si ello no permitiría que se volviese a fortalecer la cadena de producción de drogas ilícitas desde la siembra misma.

La respuesta no se hizo esperar: según las agencias de monitoreo del gobierno de Estados Unidos, esos cultivos en Colombia, entre 2013 y 2016, pasaron de 78 mil a 159 mil hectáreas sembradas. Se duplicaron y, lo advertíamos la semana pasada en otro editorial (Narcotráfico, bacrim y conflicto armado), la tendencia es que durante los próximos meses los envíos de cocaína estarán disparados.

Por lo pronto, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó que se retomarán las fumigaciones de carácter terrestre y manual, dada la preocupación por el aumento de las hectáreas de cultivos de uso ilícito. El ministro sostiene que la estrategia se contempló desde octubre y se aplicará con motores de espalda y glifosato.

La cuestión está en el número de erradicadores que se requieren y quiénes serán, la seguridad para evitar ataques de grupos ilegales y el ritmo de destrucción frente al crecimiento casi duplicado de los cocales y la capacidad demostrada de los narcos de reclutar más “mano de obra” y de implantar otras áreas coqueras en el país.

Expertos coinciden en señalar aspectos clave de este auge: la apertura de narcos colombianos y mexicanos a mercados en China y Australia, incluso Europa del Este, empleando las rutas de África, con bases de embarque en Venezuela y Brasil.

La otra gran ruta para abastecer a los carteles mexicanos es el Pacífico, mediante la extensa y selvática costa sobre el Chocó. Ello sumado a los puntos de salida habituales de las lanchas rápidas por los golfos de Urabá y Morrosquillo.

Para los narcos no deja también de ser una razón poderosa el aumento del precio del dólar, su revaluación en los mercados latinoamericanos lo cual, por supuesto, engorda su margen de utilidad y sus arcas, con lo que ello implica en ampliar poder para corromper funcionarios civiles, policiales y militares en países del circuito de la droga, y para alentar a que haya personas (“mulas” en todos los terrenos) que corran riesgos en aeropuertos, muelles marítimos y operaciones en pistas y embarcaderos clandestinos.

El engranaje complejo, el imaginario variado de estructuras criminales que se asocian y actúan aquí, nos traen de vuelta a un país con precarias condiciones socioeconómicas e institucionales, donde se revuelven guerrillas, bandas criminales y narcotraficantes de vieja y nueva data.

Ello en medio de un proceso de negociación con las Farc, que para afianzar controles territoriales habrían liberado a los cultivadores con el ánimo de ampliar una base social-campesina con justificaciones para negociar programas de restitución y desarrollo agrario.

¿Está perdiendo Colombia, y a través suyo la comunidad mundial, la lucha contra las drogas, dado el esfuerzo y la inversión histórica hechos para cortar de raíz la producción? ¿Todo ello es inútil frente a una demanda y un problema de salud pública crecientes en grandes urbes?

Son parte de los interrogantes que aborda desde ayer la Sesión Especial de la ONU sobre Drogas, en Nueva York, y en la que Colombia pretende insistir en un enfoque de “descriminalización” de los consumidores y de rediseño de la batalla policiva y punitiva.

Pero aun con esa propuesta, válida y sustentable ante la permanencia del fenómeno, la realidad del país es que como lo advierte la Procuraduría General de la Nación, y dadas las cifras innegables, “estamos otra vez nadando en coca”.