Sea cual sea el tamaño de su fortuna, puesta al servicio de unas Farc partido legalmente constituido, crearía una distorsión descomunal en la ya muy corrupta política colombiana.
Inmersos en un proceso de paz que se fundamenta en verdad justicia y reparación resulta inexplicable que los jefes de las Farc persistan en negar que están en narcotráfico y en minería ilegal. Y más aún que ahora pretendan convencer a sus miles de víctimas y al país en general de que andan pobres.
Le oí decir a un joven político que las actuales generaciones no tuvieron nada que ver con las vacas, las gallinas ni con los marranos que el Estado le habría arrebatado en Marquetalia y en Casa Verde a Tirofijo, ni con ninguno de los hechos que lanzaron a la lucha al legendario fundador de las Farc. En otras palabras, que los millones de colombianos de hoy, que sustentan con su trabajo el avance del país, no tienen deudas pendientes con las Farc. Sólo facturas, abundantes y además onerosas.
La academia y diferentes organismos de inteligencia nacionales e internacionales ilustran que las Farc han financiado sus actividades con base en extorsión, secuestro, narcotráfico y minería criminal. Más allá de los innumerables documentos que lo detallan hay una inmensa cantera de testimonios de horror y de dolor de personas y familias colombianas y extranjeras que lo certifican.
Lo deberían tener en cuenta Timochenko e Iván Márquez cuando afirman con desparpajo y sin inmutarse que “es imaginaria” la fortuna que les atribuyen -10.500 millones de dólares según The Economist de la semana anterior, el tercer grupo terrorista más rico del mundo después del Estado Islámico y Hamas, había dicho en un dossier la Revista Forbes-.
Curioso en esta dinámica que además propongan repatriar a Simón Trinidad quien paga una condena de 60 años de cárcel en Colorado (USA) por el secuestro de tres estadounidenses. Trinidad fue banquero, estudió en Harvard y cuando ingresó a las Farc utilizó sus conocimientos y contactos de aristócrata local para activar una diabólica industria de secuestro que afectó a casi la totalidad de familias de ingresos medianos y altos de su departamento, el Cesar –más de 120 plagios por año, entonces la mayor tasa de secuestro en relación con número de habitantes en el mundo-. Tan solo entre 1998 y 2001 Romaña, otro jefe de las Farc, secuestró a 116 personas en la región del Sumapaz vecina a Bogotá y parte del D.C. Todos ellos vivieron junto con sus familias, meses, algunos años de sufrimientos e incertidumbre y perdieron parte sustancial de su patrimonio –no pocos llegaron a la quiebra total-. La misma situación que padecieron miles de colombianos de todo el país hasta el año 2012 cuando las Farc renunciaron al secuestro. Para los ex secuestrados y sus familias resulta más que un cuento forzado que Timochenko e Iván Márquez digan ahora que “no existe la fortuna de las Farc”.
El tema empeora cuando se trata de narcotráfico. Dicen no estar en ese negocio pero no pueden negar que todos los miembros del Secretariado y del Estado Mayor Central de las Farc tienen peticiones de extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Que tras su exitosa presión en La Habana para detener la erradicación seamos otra vez número uno en cultivos de coca en el mundo y que estos hayan crecido exponencialmente en zonas de influencia de las Farc no es una coincidencia.
En cálculos muy conservadores, Colombia produce unas 300 toneladas de coca por año. La DEA estima que las Farc controlan 60% de ese negocio. Si solo percibieran ingresos por el cobro de gramaje (el único que confirman recibir) ganarían US$45 millones al año. Pero si como lo afirman las autoridades exportan coca desde varios de sus frentes a todo el mundo –desde el frente 48 vía Ecuador; frentes 33, 16 y 10 vía Venezuela, 57 hacia Panamá, Centroamérica y México-, sus ganancias no serían menores de 1.800 millones de dólares al año.
Estos datos tienen enorme importancia en la negociación. En 1984 Pablo Escobar y sus socios del Cartel de Medellín ofrecieron negociar con el Estado la no extradición a cambio de desmontar el narcotráfico, entregar rutas, repatriar capitales, retirarse de la política y colaborar en la erradicación del consumo de droga. Sería huero el resultado de un acuerdo de paz con las Farc si no incluyera compromisos serios –de ese alcance- para lograr y asegurar su retiro del narcotráfico.
El otro tema fundamental es la política. Quienes rastrean la fortuna de las Farc están enfocados en tierras, ganados, empresas –algunas legales y exitosas- a nombre de testaferros y en la amplia red de excombatientes del movimiento, familiares y relacionados, en especial los que viven en el exterior. Sea cual sea el tamaño real de la fortuna que hayan acumulado por secuestro, extorsión, narcotráfico y minería de oro o coltán, si son los 10.500 millones de dólares que dice The Economist o menos, puesta al servicio de unas Farc partido legalmente constituido crearía una distorsión de dimensiones descomunales y alcances imprevisibles en la ya muy corrupta política colombiana. Por todo lo anterior, esa amnesia estratégica de Timochenko y sus hombres acerca de su fortuna se puede entender en la defensa de sus intereses dentro de la dinámica de la negociación, pero plantea graves amenazas a la sociedad, ofende la memoria de miles de víctimas y es una burla anticipada e inadmisible a quienes aspiran, con razón y derecho, a tener verdad, justicia y reparación.
