Las mafias del hambre de los niños

¿Acaso no merece cadena perpetua robarles la comida a millones de niños pobres y con hambre?

Se necesita haber descendido hasta las más profundas cavernas de la perversidad humana para abusar del poder político y montar una empresa criminal que les quita de la boca sus alimentos a niños hambrientos.

Las modalidades de este delito atroz van desde reducir raciones y entregar alimentos de baja calidad o en estado de descomposición, infestados de insectos o mordidos por roedores, hasta robar la plata y no entregar a los niños su comida.

Lo que hemos visto en los últimos días merece quedar en la galería de la infamia, para que no se olvide la crueldad de su crimen, de manera que se puedan priorizar estas investigaciones para que conduzcan a las más severas sanciones penales, administrativas y fiscales, sin atenuantes y sin beneficios para estos traficantes del hambre infantil.

El video que despertó la indignación nacional, subido por la valiente profesora Claribel Rodríguez, a quien el Estado debe proteger con eficacia, es un compendio de maldad. Pero es la punta del iceberg. La alimentación escolar también entró al reparto criminal del Estado-botín. En buena hora la Contraloría le mete diente. “Hay un monopolio que se queda con los contratos aunque no cumple la calidad”, ha denunciado Edgardo Maya.

Solo entre el 2014 y el 2015, en siete departamentos de la Costa y en contratos ejecutados con recursos del Sistema de Participaciones SGP, la Contraloría pudo establecer que se perdieron casi 13.000 millones de pesos. ¿A cuántos billones asciende lo que se han robado a lo largo de los años, en todo el país y con los recursos de fuentes distintas al SGP?

No estamos ante casos aislados. Estamos ante un fenómeno criminal. Por eso, además de las condenas que esperamos se profieran con el lleno de exigencias legales en los procesos que están bajo los reflectores públicos, es necesario desplegar una política integral para garantizar la transparencia en la contratación y el suministro de la alimentación de los niños de menores recursos.

Siguiendo una modalidad que desarrollamos hace algunos años, cuando presidí Transparencia Internacional en Colombia, la alimentación escolar debería convertirse en una isla de integridad. Para ello, todas las entidades intervinientes, empezando por el ICBF, alineado con el Mineducación, deben unificar criterios y procedimientos de contratación a través de convocatorias públicas, con registros públicos, pluralidad de oferentes, pactos de integridad y supervisión especial de los órganos de control y vigilancia ciudadana.

En ejercicio de la potestad reglamentaria y con el soporte constitucional existente, reconociendo que Colombia es un país de regiones diversas para efectos de disponibilidad de alimentos y precios de suministros, el Gobierno debería estandarizar las condiciones de esta contratación y consolidar un registro público de personas naturales o jurídicas vinculadas con irregularidades para excluirlas de esta actividad, de tal manera que se corte de tajo esta reencarnación sucesiva de las empresas sancionadas.

El hacinamiento carcelario ha conducido a la equivocada descalificación de iniciativas legislativas que buscan aumentar la severidad penal ante fenómenos recurrentes que golpean la entraña de la sociedad. Cuando una conducta criminal se multiplica y extiende, el derecho penal debe reconocerla y tratarla de manera especial. Es exactamente el caso del robo de dineros de la alimentación escolar, que debería tratarse como un tipo penal autónomo con la más alta de todas las condenas.

Más aún, debería reabrirse la discusión inconclusa sobre la cadena perpetua tanto para los violadores de niños como para aquellos canallas de cuello o guayabera blanca que se vuelven millonarios por cuenta de robarles la comida a los niños más pobres de Colombia. ¿O es que acaso poner a aguantar hambre a decenas de miles de niños humildes no amerita la cadena perpetua?

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