No tiene sentido que las Farc hagan reclamaciones en la mesa que no corresponden a su realidad política y militar.

Ariel Ávila, uno de los analistas que valientemente denunciaron la ‘parapolítica’, sostuvo que las Farc merecen tener cupos directos en el Congreso, con el argumento de que “es difícil pensar que ‘Timochenko’ participó en una guerra de 50 años para llegar a ser concejal de Calarcá”. El argumento es decepcionante porque comprueba cómo muchos en las organizaciones de la sociedad civil tienen posturas ambiguas sobre la justificación política de la violencia cuando el asunto toca el lado izquierdo del espectro político.

Ávila incluso propone que les concedan 14 cupos directos equivalentes a los congresistas asesinados de la UP: “Si a las Farc les vamos a pedir que digan la verdad, que reparen a las víctimas, cosa que es algo necesario y mínimo requisito para la reconciliación del país, igual debe hacer el Estado, se debe reparar la población del otro lado”. Sería bueno que tal aritmética incluyera de forma explícita cómo las Farc van a reparar los movimientos políticos de aquellos funcionarios elegidos democráticamente que fueron asesinados por ellos.

Pero más allá de estas cuentas, hay una premisa en el argumento que es inaceptable para la sociedad. Las Farc no llegaron a La Habana como el resultado de un empate estratégico en que ni pudieron vencer ni pudieron ser derrotadas. En realidad, llegaron a la mesa de negociación luego de una severa paliza en lo militar: habían sido expulsadas a los parajes más remotos de la geografía nacional, y sus más importantes líderes fueron dados de baja. Y, lo más contundente, llegaron con una legitimidad política que apenas superaba el cero absoluto.

La razón del Gobierno para negociar no fue el resultado de un estancamiento militar –el propio ‘Alfonso Cano’ fue abatido luego de que comenzaran los acercamientos para un diálogo de paz–, sino de una decisión deliberada para evitar mayores costos y sufrimientos a la sociedad, considerando incluso la vida de muchos guerrilleros rasos que se vieron empujados a la guerra. Al respaldar al Gobierno en los diálogos, la sociedad fue generosa con esta oferta de paz.

Por consiguiente, no tiene sentido que las Farc hagan reclamaciones en la mesa que no corresponden a su realidad política y militar. Una mayor representación directa de la que merecen en los cargos de elección popular lanzaría el peligroso mensaje de que la violencia es un recurso legítimo para obtener representación política.