El gobierno colombiano dejó de fumigar los cultivos de droga por exigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y en consecuencia los sembradíos se han quintuplicado, denunció el lunes en Miami el Procurador General de ese país, Alejandro Ordóñez Maldonado, al señalar que el gran beneficiario de las conversaciones que se realizan en La Habana ha sido el narcotráfico.

Ordóñez, quien habló en un foro realizado en Doral por la Universidad Carlos Albizu, acusó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos de ceder demasiado ante la guerrilla en las conversaciones de paz que se realizan en Cuba.

“No es exagerado decir que al narcotráfico, en estas conversaciones, se le han hecho todas las concesiones que han pedido […] Ni siquiera en la época de Pablo Escobar se han hecho tantas concesiones, como ahora”, manifestó Ordóñez.

Según el procurador, la suspensión de la fumigación de los cultivos fue planteada por las FARC en La Habana, y que la decisión no se debió realmente a las razones de preservación del medio ambiente o los argumentos jurídicos que fueron utilizados oficialmente para justificarla.

“Las FARC exigieron que se desmontara la aspersión de los cultivos y que se acabara la erradicación manual, forzosa. No fue por razones judiciales, eso es mentira. No fue por razones científicas, eso es una falacia. Fue por razones políticas, la exigencia de las FARC en La Habana”, enfatizó.

El impacto en las operaciones de narcotráfico no se hizo esperar.

La cantidad de cultivos de droga a inicios de la implementación del Plan Colombia en el año 2000 sumaba cerca de 170,000 hectáreas, extensión que gradualmente comenzó a disminuir con las labores de fumigación y erradicación de las plantaciones, para llegar a niveles de entre 35,000 y 40,000 hectáreas.

“Hoy estamos nuevamente, y hemos superado, las hectáreas cultivadas del 2000. Hoy estamos cerca de las 200,000 hectáreas cultivadas”, dijo el procurador. “Estamos nadando en coca, y la consecuencia de eso es el fortalecimiento de las FARC y de las BACRIM [Bandas Criminales Emergentes]. Más cultivos, más drogas, más dinero”.

El crecimiento de los cultivos significa que la guerrilla colombiana está ahora fortaleciéndose económicamente, lo que representa un mal augurio para las aspiraciones de los colombianos de llegar a la paz.

Ordóñez resaltó que existen relaciones muy estrechas entre las operaciones de narcotráfico, la existencia y el tamaño de las agrupaciones armadas ilegales y la violencia en el país.

“La violencia de los años anteriores, la han ejecutado aparatos armados que se fortalecieron a expensas del crecimiento del narcotráfico. El crecimiento de esos aparatos armados coincidió con la expansión de los cultivos de coca. Por eso, he afirmado […] que con la expansión de los cultivos, lo que se firme en La Habana no va a traer la paz”, dijo.

Como coincidencia, el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, anunció el lunes en una entrevista de radio que los cultivos ilícitos volverán a ser fumigados con el herbicida glifosato, aunque no desde el aire sino a través de equipos portátiles.

Pero las FARC han obtenido mucho más en La Habana que la suspensión de las fumigaciones aéreas, dijo el procurador.

También han conseguido algo muy cercano a la impunidad, al obtener que los castigos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no sean castigados con sentencias dentro de prisiones, sino con la imposición de “servicios a la comunidad”, en actividades y lugares que los propios líderes guerrilleros podrán seleccionar, bajo la figura de la “justicia transicional”.

Es obvio que el proceso de negociaciones debe ofrecer a los guerrilleros beneficios substanciales para que éstos decidan sumarse al proceso, pero la impunidad es injusticia y no es posible alcanzar un acuerdo de paz duradero dejando de lado a la justicia, manifestó.

Bajo esta fórmula, el proceso de paz también le pondría fin al riesgo de los integrantes de las FARC de ser extraditados a enfrentar cargos por narcotráfico ante la justicia estadounidense.

Adicionalmente, el proceso también les está dando garantías a los guerrilleros de que van a preservar las fortunas que han acumulado a través del narcotráfico y de operaciones ilícitas como el secuestro, señaló.

Hasta el momento, el gobierno de Santos alega que los grupos armados no tienen fondos, que lo que han acumulado ha sido utilizado en cubrir los costos de contar con un ejército de miles de hombres.

Pero eso es poco creíble, sostuvo el procurador, quien señaló que la revista Forbes ha ha identificado a las FARC como la organización terrorista con mayores recursos económicos después de ISIS.

“La fortuna de las FARC es la fortuna más grande que tenemos. Es el primer grupo económico del país”, insistió.