Venezuela en la vía rápida hacia el desastre

La evidencia más reciente de la mala administración del presidente Nicolás Maduro se produjo la noche del lunes, cuando el Tribunal Supremo de Justicia vetó una ley de amnistía que habría aliviado las tensiones políticas en Venezuela.

Con el país afrontando un catastrófico derrumbe de la economía y un enfrentamiento político, un presidente responsable trataría de cambiar el rumbo de la nación para evitar un descarrilamiento. Pero Maduro parece decidido a seguir por la vía del desastre.

La ley de amnistía era un posible primer paso hacia una solución para la crisis política en Venezuela. Fue una prioridad para la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde que los votantes, en la elección del año pasado, rechazaron el rumbo que Maduro y sus seguidores han trazado para un país que fue próspero.

Pero los magistrados, obedientes a la voluntad política de Maduro, rechazaron la ley de amnistía alegando que permitía la impunidad, repitiendo la retórica que el mandatario ha expresado desde hace meses en su oposición a la ley. Maduro calificó la ley de “criminal” y pidió al tribunal que la declarara inconstitucional. El tribunal obedeció.

Al matar la ley de amnistía, Maduro y la servil rama judicial cerraron la puerta a una reconciliación política en un país muy polarizado. La ley habría hecho justicia a 86 presos políticos cuyos delitos no fueron más que la desobediencia civil y participar en protestas pacíficas contra el gobierno.

Entre los beneficiados por la ley habría estado el prominente líder opositor Leopoldo López, sentenciado a 13 años y nueve meses de cárcel el año pasado por incitar a la violencia durante protestas masivas. Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, que está bajo arresto domiciliario, y Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, también habrían salido en libertad.

Irónicamente, el tribunal ignoró un asombroso precedente: la ley de amnistía del 2000, que dejó libres a los participantes en el frustrado golpe militar dirigido por el difunto Hugo Chávez en 1992. Esa ley, que se promulgó después de la elección de Chávez a la presidencia en 1998, fue mucho más lejos que la vetada esta semana porque no solo dejó impunes crímenes como el asesinato de personas que se opusieron al golpe, sino que además restauró en sus cargos a varios oficiales del ejército que apoyaron el cuartelazo.

En el 2007, el propio Chávez firmó una ley de amnistía que abarcó delitos cometidos en el intento de golpe que lo alejó brevemente del Palacio de Miraflores hace 14 años esta semana (en abril del 2002). Chávez no tenía nada que perder y mucho que ganar al ser magnánimo con la oposición en ese entonces. Maduro pudo haber tenido la misma astucia, pero la verdad es que nadie lo ha acusado de tener un buen instinto político.

La negativa a aprobar la ley deja a Venezuela en la vía rápida hacia el desastre.

En un informe divulgado esta semana, el Fondo Monetario Internacional proyecta una asombrosa inflación del 720 por ciento este año, mientras la economía se reduce el 8 por ciento. Maduro ha devaluado la moneda el 37 por ciento y ha subido el precio de la gasolina por primera vez en 20 años. Recientemente redujo la semana laboral oficial a cuatro días para ahorrar electricidad.

Y ahora le ha cerrado la puerta a una solución política. Cuando llegue el desastre definitivo, la culpa habrá sido suya.

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