Los acuerdos de paz, que aun no se conocen, serán incorporados a la Carta Política como parte del bloque de constitucionalidad. Decía el gobierno que las Farc no reformarían la Constitución.

Hace dos semanas se interpretó, luego de oírlo en una entrevista radial, que el presidente Juan Manuel Santos no compartía la que calificó como “propuesta audaz” del exfiscal Eduardo Montealegre, de elevar los acuerdos con las Farc a la categoría de “acuerdo especial” derivado del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Tal interpretación resultó equivocada: el presidente no solo compartía el fondo del asunto, sino que aceptó -u ordenó- que sus delegados en La Habana adoptaran las tesis de las Farc. El jueves el país fue informado de que se tramitarán mecanismos constitucionales expeditos y controlables por el Gobierno (incluyendo su manejo del Congreso) para que todo lo que las Farc incluyeron en los textos que han denominado “acuerdos” sea parte de la Constitución colombiana, como parte del “bloque de constitucionalidad”.

El 3 de mayo, el jefe de la delegación gubernamental en La Habana, Humberto de la Calle, sostenía en la Universidad Externado de Colombia que “en La Habana no vamos a hacer una constituyente en la sombra”. Y agregó que “la Mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por sí misma la Constitución”.

Tantos colombianos que de buena fe anhelan la paz creyeron escuchar una cosa, pero las palabras de los altos funcionarios del Gobierno discurrían por otros senderos muy distintos.

Lo que la realidad indica es que la constituyente no se hizo a la sombra: se hizo bajo los reflectores de los observadores internacionales. Y la mesa de La Habana no reformó la Constitución, sino que apuntó más alto: hizo de los acuerdos parte integrante de la Constitución, como “bloque de constitucionalidad”. Es decir, no la reforman: la hacen. El articulado redactado en dicha mesa será criterio de interpretación constitucional por parte de jueces y funcionarios, tal como lo son los tratados internacionales en materia de derecho internacional y DIH (Art. 93 de la Constitución).

Ante todo esto, los voceros del gobierno se muestran contrariados por las manifestaciones de inconformidad por lo concedido a las Farc. Aseguran que “es extraño que no se reconozca el talante democrático del presidente”, que prefirió requerir la intervención del Congreso, a pesar de que sus asesores le decían que no estaba obligado a hacerlo. El gobierno reclama un agradecimiento.

Un agradecimiento y un reconocimiento a las Farc, por “haber aceptado la institucionalidad colombiana”, y por someterse a la Constitución. Omiten, por supuesto, que aceptan es la Constitución que los negociadores de las Farc configuraron, la del bloque que queda formado con cláusulas que les benefician solo a ellos.

Se entiende también ahora por qué el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dijo en Bogotá el pasado miércoles, un día antes de los anuncios desde La Habana, que “el acuerdo de paz no puede ser solo una discusión de juristas”. Es posible que tras aceptar las tesis de los juristas de las Farc haya quedado tan convencido que considere que sobra oír a otros que le pueden advertir las consecuencias que tendrá para el país lo que él y sus compañeros de negociación cedieron. Entre otras cosas, que la política antidrogas fijada por las Farc sea mandato constitucional, o las disposiciones que en el “Acuerdo General” de 2012 hablan de la regulación del lenguaje, que deberá ser favorable a la paz.

Los colombianos deben saber que el plebiscito será superfluo. Tenía ya componentes de farsa con la rebaja del umbral, pero ahora será un mero trámite. Lo sustancial está definido y será decidido por un Congreso de mayorías obedientes.

Un acuerdo que iba a fijar las condiciones para un tránsito hacia la desmovilización y el desarme, la participación en política y la construcción de una sociedad sin violencia subversiva, terminó convertido en el bloque más efectivo que la guerrilla logró nunca: el bloque de constitucionalidad.