¡Resistencia civil se justifica!

Por consiguiente, la resistencia civil no debe interpretarse como saboteo al proceso de paz que está próximo a firmarse, ni mucho menos la incitación a generar actos violentos de rebelión, sencillamente las cosas en los actuales momentos e interpretando el último comunicado, hay que llamarlas por su nombre: es el querer del gobierno del presidente Santos, de dar un golpe de Estado a la democracia del pueblo Colombiano, que si bien propugnamos porque se llegue a una paz: justa, verdadera y duradera, no estamos de acuerdo que se violen los más elementales principios constitucionales en aras de complacer al grupo guerrillero de las Farc, que deben entender que hay que hacerla, pero dentro de un marco jurídico legal previamente preestablecido y guardando las distancias entre: autoridad y subversión.

La resistencia civil propuesta por el expresidente y senador, Alvaro Uribe Velez, no debe asustarnos, antes por el contrario debe asimilarse como un acto de sindéresis, bajo el buen juicio de la razón y del análisis jurídico, para hacer entender al gobierno, que permita a los colombianos conocer lo que se viene tratando en la mesa de negociación en la Habana –Cuba, entre las dos comisiones: Gobierno y Farc, puesto que hasta la presente fecha no hay nada claro-, es decir: nada se ha acordado, hasta que todo esté acordado.

Es un deber generar conciencia en la población civil, sobre las fisuras y desaciertos que se vienen presentando en el proceso de paz, desde sus inicios hasta la presente fecha, razón por la cual existe mucha incertidumbre, más de un 80% de los ciudadanos no está de acuerdo, en la forma en que se ha venido manejando. 

Desde luego, que los afectos al gobierno, pero muy especialmente los mermelados, y burócratas, se rasgarán las vestiduras y dirán que quienes formen parte de la resistencia civil propuesta, son unos apátridas y serán quienes en el inmediato futuro tendrán que responder ante la opinión nacional e internacional, sobre el fracaso que se ve venir, en caso que dicho exabrupto, no logre encausarse por los senderos de la legalidad, sin ocultamientos y sin saltarse las vías democráticas de nuestro Estado de Derecho.

Sobre el blindaje de constitucionalidad, al acuerdo de paz, que han auspiciado las partes en la mesa de negociación, existe mucho escepticismo, especialmente en la empresa privada, que ven como un grave peligro, que se haga sin los suficientes trámites, e ilustraciones de rigor que debe dársele en las diferentes instancias de la vida nacional: universidades, industria, comercio, la Colombia rural, las instituciones religiosas y en fin, todas las que forman parte de nuestro diario convivir. Este paso no se ha dado, antes por el contrario, se viene adelantando a espaldas de los colombianos,

Según lo expresa el comunicado conjunto expido por la mesa de diálogo en la Habana-Cuba: El texto del acuerdo No. 69 de la mesa de negociación conjunta es el siguiente:

El Gobierno Nacional y las Farc, acuerdan que el Gobierno Nacional introducirá, antes del 18 de mayo del 2016, el siguiente texto en la tramitación del Acto Legislativo No 04/2015 Senado y 157/2015 Cámara:

Artículo XXX: La constitución política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:

Artículo Transitorio: en desarrollo del derecho a la paz, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, constituye un acuerdo especial en los términos del artículo 3 común a los acuerdo de Ginebra de 1.949. Con el fin de ofrecer garantías del cumplimiento del acuerdo final una vez este haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior, ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad, para ser tenido en cuenta durante el período de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez, de las normas y leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final.

Como consecuencia de lo anterior, al expresidente y Senador Uribe, lo mismo que al Señor Procurador General de la Nación, les asiste todo el derecho solicitar del señor Presidente de la república, que por favor, tanga más respeto por las normas constitucionales que rigen dentro de nuestro Estado de Derecho, las cuales no pueden ser pisoteadas en forma irresponsable y alegre como pretender hacerlo.

Considero que al señor Procurador General de la Nación, de conformidad con el artículo 277 de la constitución política, tiene todo el derecho de hacerle un llamado de atención al señor Presidente de la república, para que encause el proceso de paz, por las vías constitucionales y no negociarlas con los tenebrosos de las farc que tanto dolor y lágrimas nos han causado.

La resistencia civil, es la continuidad del mensaje que dejó la exitosa marcha del dos de abril, cuando más de dos millones de ciudadanos marcharon por diferentes ciudades del país pidiendo claridad sobre el proceso de paz, y que hoy continúa siendo un manto de impunidad a favor del grupo guerrillero de las Farc.

Es indudable que el proceso de paz va a formarse, pero, sostenerla en las condiciones en que se está negociando, es lo difícil, puesto que no existen los escenarios adecuados para sostenerla, empezando por los proyectos productivos de origen agropecuario que serán factor fundamental en este proceso.
Sin embargo, todo hay que entenderlo dentro del contexto de no ir a permitir que las instituciones democráticas defendidas a sangre y fuego por nuestras fuerzas armadas, vayan a ser negociadas o comprometidas con el grupo guerrillero de las Farc, que todo lo que han hecho en los últimos sesenta años, es sembrar nuestros lares de tumbas y calvarios.

Si retomamos los inicios del proceso de paz que se instaló en el mes de noviembre del 2013, en la Habana- Cuba, nos damos cuenta que hasta la presente fecha no hay nada acordado, todo se ha ido en ambivalencias, pero, con enormes ventajas para el grupo guerrillero de las Farc, que es quien ha venido poniendo las condiciones y exigiendo del gobierno, se comprometan instituciones claves y fundamentales para la vida democrática de los Colombianos.

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