Soluciones azarosas

A medida que trascurre el tiempo, día tras día se dificultan más y más los acuerdos de paz entre las Farc, el Gobierno y el pueblo colombiano. No resulta absurdo afirmar que el posconflicto bien puede llevarnos hacia un gobierno socialista y corrupto, con hambrunas, sin servicios de salud, con justicia solo contra la oposición, con violencia ejercida por las fuerzas del orden y navegando en un mar de coca.

Pero las Farc ya deben tener presente que el próximo presidente bien puede ganar las elecciones apoyado en un programa de gobierno que dé indicios de no comulgar con los Acuerdos de La Habana. Hasta ahora, ningún posible candidato los defiende: ni Carlos Holmes Trujillo, ni Germán Vargas Lleras, ni el procurado Alejandro Ordóñez, ni Iván Duque…

Las Farc deben saber que difícilmente acepará la opinión ver a sus cabecillas ocupando curules en el Congreso, protegidos por escoltas en carros blindados, sin pagar un día de cárcel, haciendo política con armas y con el dinero de un narcotráfico floreciente, con más garantías que la oposición democrática y con jueces dispuestos a perseguir judicialmente a todo el que se les haya opuesto o pretenda oponérseles.

El propio Gobierno tampoco puede soslayar la desconfianza lógica de las Farc frente a la imposibilidad del presidente Santos para cumplirles fielmente los acuerdos firmados por: tener el sol a la espalda; por contar hoy con escasa gobernabilidad; por la penuria creciente tanto del Gobierno como del país para financiar los acuerdos… En fin, por culpa de esta desconfianza lógica pretenden las Farc conservar sus armas como la única garantía para que el Gobierno les cumpla.

Siempre se ha dicho que el derecho a la vida está por encima de la paz y de la Justicia, salvo en Colombia, donde unos congresistas discípulos de “Simón el Bobito” están por aprobar un extenso Acuerdo Especial de paz, precursor del socialismo fariano, donde la vida y la Justicia dependerán de ese Estado. Este esperpento será finalmente incorporado al bloque de constitucionalidad, pese a que el texto final no ha sido leído aún por los que ya vendieron su voto.

“Expertos y analistas” consideran que así como han estado presentes las Farc durante la redacción de los hasta ahora desconocidos acuerdos, también deben participar ellos en su reglamentación; es decir, desde el momento en que el Congreso comience a legislar sobre lo aprobado en La Habana.

La solución “providencial” para las dificultades descritas. La guerrilla y sus amigos, ante la gran posibilidad de fracasar en un plebiscito y ante la incertidumbre de contar con un próximo presidente enemigo, ya están acelerando desde nuestro miope Congreso el octavo debate para aprobar el absurdo Acto Legislativo para la Paz con el fin de que el dictador Santos reglamente pronto los tenebrosos acuerdos de La Habana.

Y la Corte Constitucional le hará a Santos el favor de evitarle, de paso, fracasar con su plebiscito, rechazándolo cuando le apruebe su tratado supranacional. Así se justificará Santos afirmando que intentó su refrendación, mas no lo autorizó la Corte, infortunadamente.

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