Afectados por una peste de inopia argumental, un sector de pazólogos (defensores de la paz a cualquier precio) se han aferrado a una vieja estrategia de las izquierdas colombianas: atacar a Uribe usando como pretexto acciones y hechos de su administración para justificar la validez de lo que se está acordando en las conversaciones de La Habana.
Son incapaces de responder cualquier cuestión sin referirse a ese “enemigo” al que, como “pitbull” con su presa, no lo sueltan ni para respirar.
Se engañan a sí mismos, a la opinión pública y al sentido común, pues el deber de todo intelectual, académico, gobernante, funcionario o representante de la ciudadanía es defender racionalmente sus posiciones. Entre otras cosas porque las inquietudes, dudas, incertidumbres y críticas que se han ventilado en torno de las conversaciones de paz no provienen única y exclusivamente del expresidente Uribe ni del CD ni de sus seguidores. Líderes conservadores, liberales, columnistas, juristas y exmagistrados que no son uribistas, han dado a conocer sus puntos de vista recibiendo como respuesta “es que Uribe esto, Uribe aquello…”.
Aclaremos un par de situaciones que le enrostran a Uribe con la aviesa finalidad de justificar lo injustificable y esconder su miseria argumental con una vocinglería insulsa y repetitiva. Dicen que Uribe hizo elegir un Congreso paramilitar, lo cual es falso de toda falsedad ya que Uribe llegó a la presidencia en ambos periodos sin ser candidato por ningún partido. La bancada que lo apoyó desde 2002 estaba compuesta por liberales, conservadores, vargaslleristas y otras minorías, también tuvo apoyo de uno que otro exguerrillero del M-19 y del EPL. Los acusados de nexos y militancia con grupos de autodefensa y paramilitares cometieron sus delitos perteneciendo a dichos partidos y antes de que Uribe llegase al poder.
Una senadora verde que acostumbra llamar la atención con sus gritos histéricos afirmó que Uribe fue presidente elegido por el paramilitarismo y que el Congreso estuvo en manos de estos grupos en un 40%. Ella pretende, al estilo mamerto, tender un manto de duda sobre la integridad moral del contendor. La senadora omite reconocer que fue el expresidente el que llevó a la cárcel a pagar penas efectivas de prisión a unos y extraditó a 14 de los principales capos paramilitares a USA, no les concedió elegibilidad política, ni diarios, ni programas de tv, ni los igualó al Estado y aceptó las modificaciones que las cortes Suprema y Constitucional y el Congreso hicieron a los acuerdos en vez de anularlos o seducirlos. No se quejó de los críticos ni compró el silencio o apoyo de la gran prensa. No les concedió territorios, la negociación se realizó en un solo y reducido espacio, no modificó la Constitución, no pidió poderes absolutos o especiales, no puso en la mesa la Agenda Nacional, no les dio estatus de contraparte del Estado, hubo entrega de armas, no amnistió delitos de lesa humanidad, la garante y veedora fue la OEA. No hay, pues, punto de comparación entre aquel proceso y este.
Las preguntas formuladas por más del 70 por ciento de colombianos siguen sin ser respondidas por el Gobierno y sus escribanos que se presumen de avanzada. Prefieren optar como muletilla al expresidente Uribe en vez de absolver interrogantes de este tenor: ¿Cuáles son las razones para concederles elegibilidad política y puestos en los órganos de elección popular a responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra? ¿Por qué se quiere sustituir la Constitución después de haber asegurado que eso no se haría? ¿Por qué guardan silencio ante las evasivas de las Farc sobre la entrega de las armas? ¿Hay alguna experiencia en el mundo en la que el narcotráfico y el secuestro hayan sido reconocidos como delitos conexos (es decir, altruistas) al delito político? ¿No les parece contradictorio que el Gobierno de la espalda a la Corte Penal Internacional, de la cual hacemos parte, y reemplace su estatuto y a la justicia nacional creando una Jurisdicción Especial inapelable y conformada con participación de las Farc? ¿Por qué los militares y los miembros de la sociedad civil tienen que comparecer ante un Tribunal conformado a criterio de la guerrilla? ¿Por qué se consideran de buena factura moral los crímenes de guerra y de lesa humanidad de los jefes guerrilleros? ¿Cuál es la razón de que los victimarios terminen como víctimas del Estado? ¿Les parece bien que varias decenas de parapolíticos estén en las cárceles y ni uno de la paraguerrilla a sabiendas que han cumplido misiones similares? ¿Pueden demostrarnos que las guerrillas representan los intereses del campesinado colombiano? ¿Cuándo nos van a explicar el enredo semántico “cárcel no significa cárcel”?
¿De cuándo acá haber utilizado las armas de la Nación contra organizaciones terroristas fue un error o algo inútil o injusto? Pues sí así les parece, entonces están igualando la legitimidad con el terror y esa es la verdad inconfesada que no se atreven a decir o la dicen con perfume o anestesia.
Hablan de paz, reconciliación, cese a los odios, contra el desbordamiento del lenguaje, pero, quieren silenciar a más de medio país y aplastar al expresidente Uribe y a su corriente política, y en vez de despejar las dudas e incertidumbres de las gentes, quieren reconciliarse con quienes ni siquiera piden perdón para sacar adelante una paz a los trancazos.
