Otro año trágico

Según el sistema SIMCI de Naciones Unidas, en el 2015 el crecimiento de los narcocultivos en Colombia fue del 39 %. Hoy tenemos los mismos que en el 2002. En los dos últimos años perdimos tres lustros de lucha contra los cultivos ilícitos. Peor, la producción de cocaína se dobló entre 2013 y 2015, porque además hoy salen más cosechas y la producción es más eficiente.

Las razones son a) la suspensión de la fumigación aérea en todo el país, resultado de los pactos de La Habana. Las Farc la pidieron y el Gobierno la concedió. b) La suspensión de la erradicación forzada en la frontera con Ecuador, los parques nacionales y en el Catatumbo, como resultado de un acuerdo con campesinos y con organizaciones afines a las Farc y el Eln. La mayor concentración de narcocultivos se da precisamente en esas áreas. c) La decisión gubernamental de prohibir el uso del glifosato dizque porque podría producir cáncer. d) La ley que “legalizó” la marihuana medicinal. No es cierto que la marihuana lo sea, solo lo son algunos de sus componentes extraídos químicamente. Pero el Gobierno nunca acompañó la legalización con una campaña para prevenir el consumo y los jóvenes se quedaron con la idea errónea de que la marihuana es buena para la salud. e) El negocio formidable de exportar a tres mil pesos por dólar y sin pagar impuestos. f) La expectativa de los campesinos narcocultivadores de que serán beneficiados como resultado de los pactos. g) Los esfuerzos de las Farc para aumentar sus ingresos antes de desmovilizarse y aprovechar tanto la suspensión de extradición de guerrilleros que hizo Santos como el gigantesco lavadero de activos que es el proceso de paz. El Gobierno no se atreve a establecer la obligación para las Farc de entregar todos los bienes obtenidos con sus actividades criminales, so pena de perder los inmensos beneficios que les está ofreciendo. Tampoco pidió que reparen económicamente a sus víctimas. Esa reparación se hará, como viene haciéndose, con su dinero y el mío.

Así que, aunque en Bogotá nadie lo diga y los medios, mansitos y enmermelados, no analicen ni cuestionen, la verdad es que hay una relación directa entre el “proceso de paz” y el aumento de los narcocultivos y el narcotráfico. Y que muy buena parte de eso es responsabilidad directa del Gobierno que, entregado a firmar a como dé lugar, no ha hecho sino equivocarse, a conciencia, en materia de lucha contra el narcotráfico.

Y como la gasolina de la violencia es el narcotráfico, y así es aunque ahora sea políticamente incorrecto hablar del tema, será poco lo que aporten los pactos de Cuba para disminuir los homicidios. En el semestre pasado, cuando ya operaba de facto el cese bilateral de fuego con las Farc, las muertes violentas en el país cayeron solo el 5 %. Algo de esa cifra se debe a ese cese. Pero no todo. Y aunque debe aplaudirse cada muerte evitada, es muy poca disminución, en todo caso. Demuestra que el problema grueso de la violencia no es la confrontación armada sino el narcotráfico y las rentas criminales como la minería ilegal. Mientras que pervivan, la violencia se reciclará.

Claro, se quedarán por fuera de “la paz” los frentes más involucrados en el negocio criminal. Empezaron por la “disidencia” del frente 1 en el Guaviare. El 7 del Meta dijo algo parecido. “El 30 % de los guerrilleros del Bloque Oriental, el más grande del país”, dijo, sumando uno y otro, un diario bogotano. Y hay revueltas en el 16, el 44, el 47, la móvil Daniel Aldana, en Vichada, Nariño y la frontera con Panamá. Es decir, donde hay coca o rutas. No es casualidad. Habría que esperar que no sea parte de una estrategia donde unos de las Farc hacen política y otros se quedan “enfusilados” y financiando con coca a los legales.

Y mientras que hay impunidad para quienes han asesinado a miles, se trata con dureza a los camioneros que paran. Hay que rechazar las vías de hecho, por supuesto, pero es inexplicable el doble estándar de mieles para los criminales y palo para los que protestan sin matar.

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