¿Repartirnos la torta a la fuerza?

¿Repartirnos la torta a la fuerza?

La reivindicación de los organizadores del paro camionero es económica, y aunque es legítimo que deseen que el pedazo de torta del que viven no se vea disminuido, ello va en detrimento del pedazo de torta de los demás colombianos.

La causa cierta y fundamental de las dificultades de esa industria es una sobreoferta de camiones, lo cual genera, inevitablemente y en cualquier mercado, por imperfecto que sea, una caída en el precio de los fletes, pues como no hay carga para tanto camión, éstos se rapan cada negocio, prostituyendo sus tarifas, sufriendo menos ingresos, menores ganancias y hasta pérdidas y, aunque sea duro escribirlo, generando un cruel darwinismo propio del libre mercado que dolorosamente regulará esa sobreoferta.

Los camioneros buscan evitar esa cruel purga del libre mercado proponiendo una “revisión de su estructura de costos”, a partir de la cual el Gobierno les establezca una tabla de precios fijos a sus fletes, garantizándoles utilidad. Alternativa que no sólo atenta contra la libre y necesaria competencia, sino además ineficaz, por el alto nivel de informalidad e ilegalidad del transporte de carga, que ni siquiera tiene un censo confiable de su parque automotor. Y en cuanto al tema de costos: ¿los camioneros se han preocupado o pronunciado por el elevado costo financiero y los altos riesgos con cargo al erario con que se empezarán a construir las carreteras de cuarta generación? Pues no.

Pero esto de fijar por cuenta del Estado precios o cambiar tasas de referencia para favorecer un negocio privado es una práctica que ya ha generado grandes perjuicios al país, como fue el caso de la resolución externa Nº 26 de 1994 del Banco de la República, que, sin debate alguno, cambió la fórmula de la unidad de poder adquisitivo, o UPAC, desembocando cinco años después en la peor crisis hipotecaria y financiera de nuestra historia y que todos los colombianos pagaron de sus bolsillos con le Ley 546 de 1999 para salvar a la banca.

Debe evitarse el grave error de fijar precios administrativamente por cuenta del Estado, a escondidas y sólo para privilegiar a unos pocos, perjudicando a la mayoría. Sean banqueros, camioneros o cualquier otro grupo de presión, les quedará muy difícil evadir las leyes de la oferta y la demanda.

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