La discusión sobre los manuales de convivencia escolar mostró lo peor de un entorno enrarecido donde el debate es visceral y la tolerancia y la inteligencia quedan por fuera.
Mucha confusión, derivada de rumores, interpretaciones erróneas, dualidad de mensajes y también falta de claridad del Ministerio de Educación sobre el modo de ejercer sus competencias, se ha creado en torno a las políticas públicas que habrán de guiar las normas que los colegios y escuelas del país deben implementar para excluir prácticas discriminatorias en sus planteles.
El origen de todo ha sido la supuesta distribución en colegios de una cartilla del Ministerio de Educación, que a juicio de determinados sectores, entre ellos la Procuraduría General de la Nación, impone la “ideología de género”. Es decir, acusan al Ministerio, y en particular a la ministra, Gina Parody, de promover una educación que fomenta la distorsión de los roles de género e impulsa, en su criterio, el homosexualismo.
Hay, en efecto, un documento elaborado por diversas entidades, entre ellas algunas dependencias de la Onu, denominado “Ambientes Escolares Libres de Discriminación”. Este se divulgó en la página Web de las agencias de la Onu, y es resultado de un convenio público por valor de 1.586 millones de pesos.
Ayer, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que esa divulgación se hizo sin autorización del Ministerio de Educación (a pesar de llevar su logo y de tener registro ISBN a nombre, entre otros, del Ministerio), y notificó que tal documento no se va a autorizar.
No aclaró por qué no se va a avalar. Puede ser que haya concluido que no es adecuado, o que no quedó bien hecho, o que las movilizaciones le hayan hecho pensar en otras prioridades, como mantener el apoyo de grupos cristianos en el plebiscito por la paz.
Sin embargo, lo que la sociedad colombiana debe tener claro es que hay que reforzar los mecanismos de educación y tolerancia en los colegios, para evitar la discriminación y la violencia física y moral contra alumnos que asuman una opción sexual diversa. Hay evidencia de matoneo y maltrato, no solo por parte de otros alumnos sino de personal docente.
Es cierto también que hay una ley (la 1620 de 2013, de Convivencia Escolar) y una sentencia de la Corte Constitucional (T-478 de 2015) que establecen obligaciones relativas a los manuales de convivencia. La sentencia ordena al Ministerio revisar todos los manuales vigentes en el país. Eso es lo que estaba haciendo, pero es lo que no supo explicar a tiempo, concentrada como está su titular en otros menesteres de tipo político.
A los padres de familia hay que darles explicaciones e incluirlos en el proceso de adopción de esos manuales. Voz que también hay que ofrecerles a los alumnos, destinatarios del régimen constitucional de protección, donde se combinan derechos y deberes.
Hay en marcha una política pública de educación para la diversidad y la no discriminación, en la cual debe primar, aparte de la inteligencia, la tolerancia. Tolerancia tan perdida en un país que se dice próximo a la paz.
Esto no se trata de un plebiscito paralelo para medir los apoyos a la ministra Parody. Si ella está en proceso de construir un futuro político tendrá que habituarse al debate y no presentarse como víctima, ni insultar a los opositores.
Colombia se vio desorientada y confundida esta semana. Y lo puede seguir estando, ante ausencia de liderazgos que generen confianza y credibilidad. La forma de sortear este debate de la educación mostró a un país muy lejano de la sensatez y madurez intelectual que precisa para poder vivir en paz.
