Hay dos formas de conjurar una cifra escandalosa, como la de niños y niñas muertos por desnutrición en Colombia. Una es resolver el problema. La otra es ocultar o retocar las cifras.

Lamentablemente, parece que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Salud (INS), está usando la segunda.

Llevo cuatro meses siguiendo semanalmente las cifras de muertes por hambre, como lo prometí en una columna sobre los casos de la Guajira. Cada viernes, publicamos una infografía en la cuenta de Twitter de Dejusticia con el conteo de la semana anterior, junto con el acumulado del año. Las cifras vienen del Boletín Epidemiológico del INS, que reporta las muertes de menores de cinco años debidas o asociadas a la desnutrición.

Extrañamente, cuando los medios registraron que el acumulado anual había sobrepasado 100 muertes, el INS hizo tres retoques que opacan los números y diluyen su gravedad. Primero, dejó de publicar las muertes por departamento. Cuando llamamos al INS a indagar las razones del cambio, nos encontramos con una réplica sorprendente. “No veo el interés de tener datos departamentales”, dijo la voz del funcionario al otro lado de la línea, “porque deberíamos actuar como país y no como departamentos”. El interés es claro: sin esos datos es imposible hacer programas y seguimiento focalizados en los departamentos más vulnerables; o saber qué pasa en lugares como Guajira, Chocó, Cesar y Vichada, que hasta ese entonces (comienzos de junio) daban cuenta de más del 50% de los menores probablemente muertos por desnutrición o por enfermedades relacionadas con esta.

Un segundo cambio reduce el número de muertes. Antes, las tablas del INS registraban tanto los fallecimientos por hambre como los debidos a enfermedades asociadas a la desnutrición. Era lo correcto porque, como se sabe, las causas inmediatas de la muerte de menores desnutridos son infecciones y otras dolencias a las que están expuestos por su precaria condición. Ahora, las gráficas del INS no incluyen estos últimos casos. La diferencia es enorme: en lo que va corrido del año, mientras que las muertes que probablemente se derivan o están asociadas a la desnutrición llegan a 164, la nueva tabla oficial del INS muestra sólo 25, es decir, solo las que ha confirmado que se deben directamente a la física falta de alimentos.

El último retoque consiste en dejar en suspenso la confirmación de las causas de los decesos. Los nuevos datos del INS se refieren a “casos probables de muertes por desnutrición en menores de cinco años”. Aunque es entendible que las denuncias no sean registradas inmediatamente como situaciones confirmadas y que los casos sean calificados de “probables”, ni el INS ni el Gobierno tienen procedimientos claros ni plazos fijos para confirmarlos, de manera que pueden dejar en vilo indefinidamente esta información fundamental.

No se trata de exagerar las cifras. Pero tampoco de opacarlas. Un conteo fidedigno es el reconocimiento mínimo que les deben el Estado y la sociedad a los niños y niñas muertos a causa del hambre. Y es la condición básica para políticas públicas, monitoreo mediático y aportes de la sociedad civil que eviten que esas muertes se repitan.