Siendo el tema agrario el primer capítulo del acuerdo para la terminación del conflicto, sorprende que una herramienta para la financiación del campesino, como lo es el Banco Agrario, se pueda deformar hacia un banco de especulación financiera y al servicio de multinacionales.
¿Cómo explica el Gobierno que la primera víctima del posconflicto haya sido el presupuesto público para el campo? Pues ya recortó en $842.000 millones sus recursos para la vigencia fiscal del 2017, con un hachazo del 41 % a su rubro de inversión.
Mientras tanto, el Banco Agrario compró en junio de 2014 a la hoy quebrada firma Estraval, pagarés libranza por $24.126 millones, de los cuales $12.208 millones se perderán, y reporta a la fecha compras adicionales en estos riesgosos activos financieros por $524.362 millones, de los cuales $281.116 están en cuentas por cobrar, eso sí, dejando multimillonarias comisiones a algún(os) funcionario(s). Detrimento patrimonial que deben investigar la Fiscalía y la Procuraduría.
Adicionalmente, el Banco Agrario desembolsó en diciembre pasado $ 120.000 millones a la empresa Navelena S.A.S., encargada del contrato de navegabilidad del río Magdalena y quien no presentó, como era lo pactado, la documentación que acreditara el cierre financiero de dicho contrato. Su principal socio es la firma Odebrecht, cuyo expresidente Marcel Odebrecht fue condenado en Brasil a 19 años de cárcel por corrupción, lo que, a la luz de la Ley 1778 de 2016, inhabilitaría a esta sociedad para contratar con el Estado. Cuestionable desembolso crediticio que debería liderar la FDN y que da argumentos para pensar que el crédito de estas entidades financieras públicas son sólo un disfraz para los tristemente recordados anticipos, utilizados por los Nule para desfalcar a la Nación.
¿Será lo descrito algo puntual o parte de una amplia estrategia del Gobierno? No es pertinente imponer un modelo de desarrollo agropecuario “Línea Carimagua”, en el que sólo tenga espacio el latifundio como unidad productiva, alimentado por una ley regresiva e inconveniente como la Ley 1776, de Zidres, que permite la acumulación irregular de tierras en manos de unos pocos, tal y como ya se empieza a acumular el capital o crédito “agropecuario” en manos de pocas multinacionales. ¿Será hora de cambiar la razón social del Banco Agrario?
