La indiferencia ciudadana frente a la corrupción es una forma pasiva de participar de ella. Ahora pagaremos ese desinterés con más impuestos.
La reforma tributaria responde a una menguada realidad fiscal luego de la caída en los precios del petróleo. Desde ese punto de vista, sustentar las condiciones para que el Estado funcione y pueda cumplir sus objetivos, se ha justificado. Con frecuencia los ministros explican los tributos con los problemas que con ellos se pueden resolver. Eso es verdad, aunque a medias porque, todos sabemos, gran parte de los recursos públicos se pierden y dilapidan. Como si no fueran de nadie.
El Partido Liberal, soporte de la coalición, ha dicho que no le jala a la reforma por “inoportuna e inconveniente”. Y eso también es verdad: ningún momento peor que el actual, luego del plebiscito, en una coyuntura de relativa debilidad del gobierno ante la opinión, para soltar semejante bomba. Habría que añadir, incompleta: va a ser muy difícil explicar la ampliación de la base tributaria o castigar con cárcel la evasión mientras corrupción y corruptos siguen tan campantes. Le queda faltando, a la reforma, un capítulo que haga factible tanta “carreta” anti corrupción.
Con los ajustes se quieren conseguir 7 billones de pesos “extra” en 2017.Las medidas contra la evasión proporcionarán, con el tiempo y de manera permanente, importantes recursos adicionales, proyectados en 5 billones desde 2020.Curiosamente esas cifras se parecen a los estimados de corrupción en el país: ya en 2013 la Contraloría General de la República calculó en 14 billones, 1.6% del PIB del momento, el valor de los dineros que se roban. Hay que decirlo: eso ocurre en las narices de todos, porque nos hemos acostumbrado a convivir con el robo de los recursos públicos y el enriquecimiento de los corruptos es castigado, apenas, excepcionalmente, sin hablar de la inmunidad de las cuentas de sus familiares y testaferros en paraísos fiscales. ¿Dirá algo al respecto la reforma? ¿Qué medidas efectivas ha tomado la DIAN?
Un estudio realizado el año pasado por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado entre dirigentes empresariales reconoció que el valor de las mordidas para conseguir contratos equivale al 17.3% de su valor. En las regiones se estima que puede llegar al 50%.
La ciudadanía conoce lo que ocurre pero no reacciona. De acuerdo con Gallup el 85% considera que la corrupción está empeorando. Esa cifra casi coincide con la percepción de corrupción según el observatorio para la democracia de la Universidad de los Andes y la Universidad de Vanderbilt: 79.6%.En América peleamos el campeonato con Venezuela que tiene el 80%.Sabemos que roban. Los estudios no dicen, sin embargo, por qué no hacemos nada.
La reforma va a afectar el consumo y aumentará el costo de vida, dos efectos de la ampliación de la base tributaria y el alza en la tarifa del IVA. La reducción de gravámenes a la inversión e iniciativa privada es consecuente con los niveles globales de impuestos y la rentabilidad esperada. En condiciones muy gravosas la inversión irá a otra parte promoviendo evasión y desempleo. Ante las necesidades del Estado la gente tendrá que pagar más y consumir menos. ¿La corrupción reducirá su tarifa? ¿Reaccionará, por fin, la ciudadanía frente a ella?
Posdata: En un Estado que promueve la Educación como fundamento de equidad, acceso a Internet y Libros tendrían que estar totalmente exentos. Yendo más lejos, deberían ser, dependiendo del estrato, subsidiados.
