Quienes vivimos en la frontera con Colombia, estamos siendo víctimas, de políticas herradas del gobierno de Venezuela, quien para enfrentar la escasez de alimentos, constituyó una organización llamada CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), estos apabullan y someten con modos y medios arbitrarios, a los ciudadanos en la distribución de los alimentos, tratando de doblegarnos por una bolsa de mercado, jugando con el hambre del pueblo, convirtiéndose la dirigencia gubernamental, en repartidores de comida que solo llega a sus casas, a las de los funcionarios del P.S.U.V, y pasan al otro lado de la frontera.
En nuestra región los CLAP, violentan las leyes, chantajean y apabullan al ciudadano, ellos son dirigidos por funcionarios del gobierno que ante la falta de producción, se presentan en barrios y comunidades de una manera arbitraria e injustificada, imponiendo decisiones acerca de a quien se le debe entregar las bolsas de alimentos, discriminando a quienes no somos afectos al régimen, que somos la mayoría opositora a quienes no se les vende por órdenes superiores.
En nuestra frontera, estos comités no cumplen la tarea de alimentación ni de justa distribución, sino de atropello a los opositores y robo de productos a sus propios compañeros, recogen primero el dinero con sobreprecio del valor original del producto y le sacan algunos alimentos de la bolsa sin ningún tipo de vergüenza, para luego revenderlos en calles y mercados, no les importa ni se preocupan del ciudadano que lucha diariamente contra la inflación exorbitante, creada por el mismo gobierno.
Estos CLAP, son los propios contrabandistas al servicio del gobierno, que revenden los productos para el lado Colombiano, los vemos en la Parada, en la sexta de Cúcuta y en todo el Departamento Norte de Santander, cuando lo lógico es que esos alimentos, estén en los anaqueles de abastos y supermercados Venezolanos, y que los ciudadanos podamos comprar el artículo de nuestra preferencia, con el precio señalado en la etiqueta y no por el valor inconmensurable que fijan los revendedores, al servicio del gobierno de Nicolas Maduro.
