Pocas veces, como en la actualidad, Colombia necesita de las ideas conservadoras. Son ellas, precisamente, las que ponen el ancla a tierra en tiempos de desinstitucionalización como los que se viven y amenazan con la anarquía de formulación estatal.

Basta ver, para constatarlo, no solo el gigantesco desgaste democrático causado por el desconocimiento oficialista del plebiscito del 2 de octubre sino, por igual, el carrusel de despropósitos emanados desde los más altos tribunales del país para hacer el quiebre a la voluntad popular, culminando con la última perla de una magistrada del Consejo de Estado que, en una simple admisión de demanda, se llevó por delante buena parte de los postulados de la Constitución de 1991 y el amparo de la participación ciudadana.

Dijo la magistrada, entre otras, que los casi seis y medio millones de votantes del No en el plebiscito sufragaron engañados, es decir sobre la base de su minusvalía mental, y en modo alguno, claro está, por sus propias convicciones. Y que, por lo tanto, visto que la mayoría de los votantes en la consulta popular son inaptos para ejercer el voto, fruto de su constatada estupidez, el plebiscito es nulo de toda nulidad. En eso anda la institucionalidad del país, para no entrar en el galimatías de la Corte Constitucional sobre la definición de refrendación popular, que dizque ahora es un proceso de tracto sucesivo entre la democracia directa y la democracia indirecta, o el concepto de la Sala de Consulta del mismo Consejo de Estado según el cual una proposición parlamentaria es suficiente para suplantar al constituyente primario con base en una intempestiva y extraña extensión del control político congresional que, de repente y por arte de magia, también es refrendatorio.

Puede mirarse también, si se quisiera, el grado de desinstitucionalización del país en otras áreas igualmente sensibles. Tómese, por ejemplo, el caso de Reficar, que el mismo Contralor General de la República sugiere como el evento más escandaloso en la historia de la nación, para corroborar la laxitud estatal cuando se abandonaron todos los controles porque era mejor dejar así y esperar, algún día, que pudieran revertirse, en una demanda incierta, los sobrecostos de una obra cuyo monto significa más de la reforma tributaria que se tramita en el Congreso.

Frente a ello, para no entrar en otras áreas de lo que ocurre en el país, los principios conservadores son sencillos y prácticos. Para llevarlos a cabo no son necesarios grandes debates programáticos ni plataformas de último cuño. Comienzan, ellos, por reconocer taxativamente el orden constitucional contra la dictadura y la legalidad contra las vías de hecho. Eso es, ante todo, ser conservador. El reto está en pasar de la teoría a la práctica. Y dejar a un lado la cultura del atajo que se ha entronizado como mecanismo administrativo y gubernamental.

Las vías de hecho, como se sabe, son todo aquello que atenta contra el principio de legalidad. Es buscar el esguince a la norma. Es no reconocer el cauce institucional para cumplir los fines esenciales del Estado. Regresar a los postulados de la Constitución, admitir la voluntad popular como la máxima expresión de la democracia, romper la coyunda existente entre las ramas del poder público como resultado de presiones indebidas, dar respuesta a las necesidades más sentidas del pueblo, generar una economía rigurosa y disciplinada sobre la base de los recursos a la mano y no las reformas tributarias como consigna del buen gobierno, esto y mucho más se requiere en la reinstitucionalización nacional.

No se trata, por supuesto, de proclamar campaña alguna y adentrarse prematuramente en las elecciones de 2018, como lo están haciendo algunos para camuflar el desorden actual. Falta largo trecho para los comicios y no es bueno, para el país, anticipar una justa proselitista cuando por el contrario se acaba de desconocer el plebiscito. Semejante herida a la democracia no se cura anticipando las elecciones, sino sabiendo bien, primero, quiénes están del lado de la democracia y quiénes no.

Ahora que se posesiona el nuevo directorio conservador y se elige a su presidente es el momento de asumir posturas al respecto. Fue, precisamente, la bancada conservadora la que incluyó la refrendación popular como requisito para la entrada en vigencia del llamado “fast track”. De no haber sido por los parlamentarios conservadores, ello no hubiera ocurrido, así después se hubieran salido de la sesión por algún pleito clientelista.

Ahora es el momento de hacer entender que el conservatismo siempre ha estado y seguirá estando con la voluntad popular. Amanecerá y veremos…