El Consejo de Estado declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Ministerio de Interior y de Justicia, Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por la muerte y lesiones ocasionadas por la explosión de un carro bomba en las instalaciones del Club El Nogal en Bogotá.
En el correo que se conoció cuando cuando se revelaron detalles del atentado en octubre de 2010 -dice la sentencia- encontrado en el computador del abatido jefe militar de las Farc, alias el “Mono Jojoy,” “en el que aparece la orden de estallar la bomba frente al Club El Nogal cuando estuvieran personajes importantes como generales, ministros de gobierno, pero últimamente ha surgido la posibilidad real de explotarlo ante la presencia de 150 industriales y 10 diplomáticos, quienes se reúnen semanalmente.”
Esto nos demuestra que la decisión de atentar contra el Club el Nogal fue tomada, incluso antes del 7 de agosto de 2002, porque para ellos este establecimiento era el sitio de reunión de empresarios e industriales. El horrendo atentado no se planificó entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de febrero de 2003; los Arellán habían hecho mucho antes las diligencias para que uno de ellos pudiera ingresar al Club por la vía de la acción empresarial.
Por otra parte, en el acto de reconocimiento de responsabilidad sobre la comisión del atentado por parte de exintegrantes de las Farc del pasado 10 de febrero de 2018, éstos sostienen delante de las víctimas que el atentado “fue algo que nunca debió ocurrir, algo injustificado, mas allá de que estuviere motivado en información que señalaba al club como un centro de reuniones para planificación de operaciones contrainsurgentes encabezadas por funcionarios gubernamentales y lideres paramilitares”.
La verdad es que no se entiende de dónde deduce la Sala del Consejo de Estado la naturaleza que pretende darle a las reuniones que haya podido sostener el Ministro de Interior de la época quien, además, es socio del mencionado centro social, y lo propio ocurre con las escasas noches en que pudo haber pernoctado la Ministra de Defensa de entonces. Ello no le da un carácter oficial. Otra cosa es que tales ministerios hubieran alquilado las instalaciones del Club. Del mismo modo, la afirmación de que se hacían reuniones para planificar operaciones contra insurgentes, o como dice el comunicado de las Farc, con “lideres paramilitares”, nunca se probó.
Por otro lado, el Consejo de Estado cree que por la presencia frecuente de los ministros referidos en El Nogal se aumentó el riesgo para las víctimas y se violó el principio de distinción de que habla el D.I.H., según la magistrada ponente. Pero no fue el Estado el que adelantó una operación militar en el Club afectando los civiles. Fueron las Farc las que lo quebrantaron de manera flagrante, si se tiene en cuenta que, además, los ministros no estaban presentes el día fatídico de los hechos.
