Sin duda, el fallo adverso de la Corte Constitucional al juzgamiento de jefes de las Farc responsables de crímenes sexuales contra menores de edad por tribunales de la justicia ordinaria es un duro golpe a las expectativas de amplios núcleos de la población y a una de las pretensiones programáticas del presidente Duque y del Centro Democrático de introducir cambios al acuerdo de paz Santos-Farc.

La decisión de la Corte ha dado y dará mucho que discutir desde el punto de vista de sus implicaciones morales y constitucionales. No obstante, puede uno pensar que el mensaje subyacente sobre la imposibilidad de modificar el acuerdo se puede subsanar en el plano político.

Pero, si tenemos en cuenta que en la política democrática entra a jugar el factor ineludible de la correlación de fuerzas, es menester mirar la composición del Congreso de la república para no hacernos ilusiones al respecto.

En ambas cámaras obtuvieron representación doce (12) partidos y movimientos. El Senado con 108 curules quedó integrado así: Centro Democrático 19, Cambio Radical 16, Liberal 14, Conservador 14, Partido de la U14, Alianza Verde 9, Polo Democrático 4, Petristas 4, Mira, 3, Farc 5, Comunidades Indígenas 2, Libres 3. La Cámara de Representantes tiene 172 congresistas originarios de los mismos partidos y movimientos y en similares proporciones.

Estos datos nos indican que ningún partido cuenta con la mayoría absoluta, que las dos grandes alianzas que se han formado hasta el momento: CD, liberales, conservadores y Mira, de una parte, y, Cambio Radical, de la U, petristas, Verdes, Polo, Farc, de la otra, están muy parejas. Y en temas relacionados con el acuerdo de paz, la convergencia oficialista no tendrá el apoyo de congresistas liberales y conservadores.

De manera que, al parecer, los partidarios de modificar el acuerdo de paz tenemos cerradas las puertas jurídicas y de contera las políticas y el expresidente Santos se habría salido con la suya cuando en tono retador, desafiante y burlesco afirmaba que no se le podía cambiar nada.

¿Qué camino nos queda entonces, si es que queremos insistir en las modificaciones que la ciudadanía, según reiteradas encuestas, quería hacerles a los términos de ese pacto de impunidad? ¿Hay alguna salida?

Reconozco al menos tres opciones, veamos una por una. La primera es intentar, por vía del congreso, aprobar un Acto Legislativo reformatorio del Acto Legislativo que le dio vía libre al acuerdo de paz y rango constitucional a varios de sus componentes. Es un camino lleno de púas porque no hay mayorías aseguradas en el Congreso, porque tampoco es confiable la Corte Constitucional y porque el gobierno tendría que pagar un costo muy alto para ganar apoyos.

La segunda es convocar una asamblea constituyente que puede conllevar no solo a reconsiderar el acuerdo de paz sino todo el ordenamiento. Se perciben ya algunos signos de fatiga en la población en razón de las intensas y prolongadas campañas precedentes.

Y, por último, está la opción de convocar un referendo revocatorio parcial que por tal condición suscitaría menos reservas en las fuerzas de la alianza oficialista o gobiernista y la disposición del presidente Duque a hacer valer, sin reventar el país, una de las promesas más importantes de campaña con la que obtuvo el respaldo de sus electores. Es la manera más contundente de ponerle punto final a este asunto.

De otra parte, de manera subsidiaria, no es descartable que organizaciones de derechos humanos y de víctimas de las Farc denuncien ante la Corte Penal Internacional la impunidad evidente y grosera subyacente en el acuerdo de paz. Sin embargo, en este terreno la suerte parece ser favorable al expresidente Santos, pues hasta el presente esa corte no cuenta con fuerza, poder, elementos e infraestructura para hacer valer su estatuto, mírese no más, su silencio y parálisis para intervenir sobre la crítica situación que atraviesan Venezuela y Nicaragua con la sanguinaria represión de sus dictadores Maduro y Ortega.

Y al acudir a esta instancia, además del delito de violación de menores se debe incluir todos los contemplados en el artículo 7 de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Esa es la situación en términos realistas, Nada fácil, mas no imposible.