Como parte del caso 001, la Jurisdicción Especial para la Paz inició la recepción de informes orales sobre ese delito cometido por la extinta guerrilla de las Farc. En los relatos de las víctimas emerge la tragedia de los años vividos en cautiverio, así como las múltiples respuestas que adeudan el antiguo grupo subversivo y el Estado.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) empezó a escuchar a las víctimas del conflicto armado. Las primeras en ser llamadas fueron las personas secuestradas por las Farc con el objetivo de ser canjeadas por guerrilleros presos, entre las que se encontraban dirigentes políticos, policías y militares de alto rango.
En los relatos, rendidos durante esta semana y que la JEP denominó “informes orales”, las víctimas ofrecieron dolorosos detalles sobre los largos años que pasaron secuestradas, las consecuencias sobre sus entornos familiares y las gestiones adelantadas por parientes y líderes políticos para su liberación. El pasado viernes acudieron las familias de los once diputados del Valle del Cauca, asesinados en 2007 mientras permanecían en cautiverio, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
Además de relatar episodios y situaciones similares, varias de las víctimas, por separado, coincidieron en exigir verdad sobre al menos cuatro circunstancias. (Leer más en: Los secuestros, casi el doble de lo que se calculaba)
La primera está relacionada con la falta de medidas de seguridad con la que contaban al momento de los hechos, pese a que el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) había sido notificado por las Farc de que la guerrilla llevaría a cabo secuestros de dirigentes políticos para presionar un intercambio humanitario. El general (r) Luis Mendieta, el único convocado por la JEP que no hacía parte de la población civil para el momento del secuestro, también contó que en los días previos a su retención había pedido refuerzos infructuosamente.
Una segunda tiene que ver con la posibilidad de que terceros no combatientes participaran en la planeación de los secuestros de dirigentes políticos. El reclamo por esta verdad fue especialmente recalcado por los excongresistas liberales de Huila Consuelo González, Jorge Eduardo Géchem y Orlando Beltrán, quienes alegaron que su secuestro casi simultáneo lesionó su proyecto en el departamento y facilitó el fortalecimiento de otros movimientos políticos.
La tercera está relacionada con el paradero de personas que fueron secuestradas y que hoy están desaparecidas. Al respecto, González, Beltrán, el exgobernador de Meta Alan Jara y el general (r) Mendieta le suministraron a la JEP los nombres de presuntos desaparecidos y pidieron adelantar las gestiones necesarias para conocer su ubicación. (Leer más en: La verdad que les falta a las víctimas de ‘Martín Sombra’)
La cuarta circunstancia tiene que ver con el hecho de que los presidentes Pastrana y Álvaro Uribe (2002-2006/2006-2010) nunca hubieran aceptado negociar un intercambio humanitario para liberar a los políticos, policías y militares de alto rango que se encontraban secuestrados, pese a que pasaban los años y el país conocía las difíciles situaciones que atravesaban.
Las víctimas también expresaron las distintas opiniones que tienen sobre el proceso de paz pactado entre las Farc y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018), así como sus aspiraciones frente a la reparación del daño causado.
Estos son algunos apartes de sus testimonios, están organizados en el orden en el que se presentaron a la JEP:
Luis Eladio Pérez
Óscar Tulio Lizcano
Alan Jara
General (r) Luis Mendieta
Íngrid Betancourt
Consuelo González de Perdomo
Jorge Eduardo Géchem
